La mañana del domingo 14 de enero de 1978, cuando los vecinos de la colonia Granjas apenas empezaban a despertar, un grupo de hombres con ropas de civil llegaron en grandes autos Grand Marquis, rodearon la última vivienda de la calle Caballo y la rociaron con plomo de sus fúsiles FAL.
Las potentes balas de calibre 7.66 mm, de los Fusiles Automáticos Ligeros (FAL), se incrustaron en las paredes de ladrillo y destruyeron los cristales de la pequeña finca ubicada en la falda del cerro; del interior repelieron la agresión con disparos y se armó el combate.
Eran los días de furia de los jóvenes de Ciudad Juárez, militantes de la Liga Comunista 23 de Septiembre contra la fuerza paramilitar del Estado la Brigada Blanca, que en estos años decidió combatir la subversión fuera del marco legal, con aparatos militares fuera de la ley.
Los muchachos habían escuchado de niños de la toma del cuartel de Madera, Chihuahua, el 23 de septiembre de 1965, en la que un grupo de campesinos dirigidos por Arturo Gámiz y Pablo Gómez, se enfrentó a balazos por dos horas contra los militares, de los que murieron cinco de ellos y ocho por los guerrilleros.
El gobernador de Chihuahua en ese entonces, el general Giner Durán, ordenó que los guerrilleros muertos fuera enterrados en fosas comunes, sin ataúdes y desnudos, al tiempo que en su discurso sobre el hecho sentenció: “Querían tierra, pues denles hasta que se harten”, en respuesta a demandas agrarias.
En el interior de la vivienda, los miembros de la Liga activaron el protocolo de seguridad que en aquel tiempo era de manual: oponer resistencia con fuego, mientras que algunos recogía los documentos importantes para el movimiento y huir; lo hicieron por el patio y subieron al cerro donde se perdieron.
Al siguiente día de lo ocurrido algunos periódicos de la ciudad titularon el hecho: “DESCUBREN EL CUARTEL GENERAL DE LA LIGA 23 DE SEPTIEMBRE”, otros como El Heraldo de Chihuahua, aseguraron que en la casa habían encontrado droga, común en la campaña mediática de desprestigio.
En la refriega, murieron dos guerrilleros que la autoridad nunca identificó y otro más fue capturado vivo, Francisco Mercado Espinoza, presuntamente implicado en el secuestro del cónsul estadunidense en Guadalajara, Anthony Duncan y del industrial Fernando Aranguren, jaliciense.
El ataque a la casa de la colonia Granjas había sido un punto de culminación del asesinato el 21 de marzo de 1967 del sacerdote Rodolfo Aguilar Álvarez, párroco y líder social en la colonia Nombre de Dios, en Chihuahua, donde fundó el Comité Pro Derechos de la Colonia.
“Como sacerdote me considero obligado a acompañar al pueblo en su lucha por la liberación», había dicho el sacerdote a la periodista María de Jesús Sánchez, durante una entrevista al responder sobre su vocación religiosa y su objetivo en la vida, un llamado espiritual subversivo para esos años.
El Padre Aguilar lideró las luchas populares contra los abusos de los paramilitares, en la gestión de servicios básicos en la colonia, pero también en las demandas de tierra y democracia que habían desarrollado los grupos de Gámiz y Gómez, hasta finalizar con la toma fallida del cuartel de Madera.
El domingo seis de marzo, se produjo un choque entre varios guerrilleros con agentes municipales en la esquina de Altamirano y Vicente Guerrero, en el centro histórico de Juárez, ahí murió el policía Juan Burciaga Flores y un miembro de la Liga capturado, Miguel Topete Sandoval.
La mañana del 12 de abril de 1977 fue capturado en Juárez, Martín García Villanueva, “El Chino”; fue presentado como trofeo a los medios de la ciudad, “un miembro de la Liga Comunista 23 de Septiembre coludido en el crimen del sacerdote Rodolfo Aguilar Álvarez”.
El periódico Heraldo de Chihuahua lo exhibió como “un peligroso delincuente” que tenía “la misión de reclutar más adictos para la organización”, los militantes de organizaciones políticas desconocieron al acusado y aseguraron que el homicida del padre estaba en el Estado.
La coordinadora de brigadas de activistas de la Liga, Martha Ofelia Ortiz, de 25 años, movilizó a grupos de jóvenes por todo Juárez para informar en paredes, postes y banquetas, que “El Chino” no era militante de su organización, que no tenían ningún cuartel general y que la lucha continuaba.
Los días de furia de los jóvenes militantes que apenas empezaban, se conocen como “Los años de la guerra sucia” que produjo más de 800 personas detenidas-desaparecidas y crimen de lesa humanidad, documentados por la extinta Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado.
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Artículo del periodista Luis Villagrana (1962-2021) publicado originalmente el 16 de enero de 2018 en la revista digital Cuentario, antecesora de Poetripiados.
