En un país donde las instituciones deben ser garantes de la imparcialidad, la figura de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández, se ha convertido en un eje de controversia. Su postura ante los procesos de reformas judiciales y su relación con actores políticos y sociales nos revela una realidad incómoda: ¿hasta qué punto la independencia de la Corte y sus responsables se ha visto comprometida?
Ahora el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) aprobó una resolución en la que le dio un revés a Piña Hernández. Parece la derrota final. La decisión de que el Senado de la República sustituya al Comité de Evaluación del Poder Judicial, encargado de seleccionar a los jueces, fue un golpe directo a sus estrategias para frenar la Reforma Judicial, a la cual se ha opuesto de forma constante, enfermiza. A lo largo de este proceso, la ministra no ha ocultado su incomodidad con la nueva ley que busca dar mayor transparencia y eficiencia al sistema judicial del país.
No se puede pasar por alto la reticencia de la ministra Piña, quien en diversos momentos ha tomado medidas que parecen contradecir la naturaleza de su cargo. En particular, sus intervenciones frente a la reforma, sus recursos legales que han retrasado la evaluación de candidatos y sus frecuentes bloqueos a las decisiones del TEPJF, han evidenciado un juego político que sobrepasa lo meramente institucional. Para Piña, parece que no hay límites cuando se trata de intentar frenar un proceso de transformación que, en su visión, pone en riesgo la estructura del poder judicial tradicional, esa que ella representa.
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El conflicto se intensificó cuando, a través de recursos legales, la ministra bloqueó las iniciativas del Tribunal Electoral para avanzar con la insaculación, ese proceso mediante el cual se seleccionan los candidatos para ocupar los puestos vacantes en el poder judicial. En lugar de abrir el camino hacia una elección transparente y ordenada, Piña sembró incertidumbre con su actitud obstaculizadora. Esto, sin embargo, no fue el primer acto en el que su imparcialidad como ministra se vio cuestionada.
El comportamiento de Piña, al parecer, ha ido más allá de la jurisprudencia. Se ha visto envuelta en reuniones políticas, en las que se ha relacionado con figuras que abiertamente criticaban las políticas del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Piña convocó, desafiante, encuentros con miembros de la oposición, intelectuales y exfuncionarios públicos, todos críticos de la 4T. En estos encuentros, realizados en las residencias de ministros, se llegó a discutir, entre otras cosas, la forma en que la reforma judicial podría perjudicar la autonomía del poder judicial y los intereses de ciertos grupos que se sienten amenazados por los cambios propuestos.
Su actitud afecta la percepción de imparcialidad y pone en duda la confianza que los ciudadanos deben depositar en las instituciones judiciales. En esas reuniones, llegaron a participar ministros del TEPJF como Juan Luis González Alcántara, así como personajes como Marko Cortés, líder nacional del PAN, y Lorenzo Córdova, expresidente del Instituto Nacional Electoral, lo que solo refuerzó la sensación de que el máximo tribunal del país ha sido utilizado como un escenario para conspirar contra los intereses del ejecutivo y del pueblo.
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No cabe duda de que la ministra Piña ha estado operando detrás de escena para moldear el futuro judicial del país a su conveniencia y la de aquellos que comparten su visión conservadora. Su actitud hacia la reforma y la elección judicial no es solo una postura jurídica, sino un reflejo de su conexión con fuerzas políticas que parecen no aceptar el cambio que los mexicanos han solicitado en las urnas. Esta colisión entre el poder judicial y el poder ejecutivo, alimentada por los intereses de algunos sectores de la sociedad, ha dejado al descubierto una verdad incómoda: la independencia de la justicia está siendo puesta en peligro por quienes deberían protegerla.
El obstáculo de Piña no es solo contra la reforma judicial, sino contra una visión de futuro más incluyente y transparente para el sistema judicial mexicano. Su postura contra la reforma, su negativa a permitir que la elección de jueces se lleve a cabo de manera libre y equitativa, y sus conexiones con la oposición política, nos invitan a preguntarnos: ¿quién se beneficia de mantener un sistema judicial que no responde a las necesidades de la sociedad? Solo aquellos que se han beneficiado durante décadas del statu quo, aquellos que se oponen al cambio, aquellos que prefieren un poder judicial al servicio de unos pocos.
Es esencial que los ciudadanos y las instituciones no pierdan de vista este conflicto. La independencia del poder judicial es la columna vertebral de cualquier democracia, pero cuando esa independencia se ve erosionada por intereses políticos, el sistema judicial pierde su legitimidad. Piña, al obstaculizar el avance de la reforma y al aliarse con sectores que rechazan el cambio, está dando un ejemplo claro de cómo los intereses particulares pueden prevalecer sobre el bienestar colectivo.
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