La Torre Centinela, obra insignia del gobierno de María Eugenia Campos Galván en Ciudad Juárez, nació bajo la sombra del error. Desde su anuncio, el proyecto ha estado envuelto en decisiones discrecionales, adjudicaciones cuestionables y promesas incumplidas. Más que un símbolo de seguridad, se ha convertido en el emblema de una administración que prefirió apostar por la simulación tecnológica antes que por el bienestar estructural de una ciudad históricamente olvidada.
El proyecto fue presentado el 20 de abril de 2022 con una inversión de 4 mil 200 millones de pesos. Una cifra monumental, sobre todo si se compara con otras obras de alto impacto social como distribuidores viales o centros educativos. No hubo consulta pública, ni mesas de diálogo, ni foros ciudadanos. La decisión se tomó desde el Ejecutivo Estatal, en un modelo de gobernanza vertical, cerrado y excluyente. Los ciudadanos juarenses, principales afectados por la violencia, fueron marginados de la toma de decisiones.
La adjudicación directa a la empresa Seguritech, conocida por múltiples señalamientos en otros estados por incumplimientos e irregularidades en la operación de sistemas de vigilancia, fue uno de los puntos más criticados. ¿Por qué se eligió a esa empresa, sin concurso público, sin licitación, sin transparencia? Lo más revelador es que la inversión fue anunciada tres meses antes de ser formalmente autorizada por el Comité Central de Adquisiciones. El anuncio de la obra, la empresa y la inversión se hizo antes de que existiera respaldo legal. En cualquier democracia funcional, eso sería una violación a los procedimientos de adquisiciones públicas.
Pese a las alertas de medios como Reforma y Proceso, que documentaron la entrega de unidades obsoletas y la falta de comprobación de gastos de inversión por parte de Seguritech, el gobierno de Chihuahua mantuvo su apuesta. A la fecha, dos años después, se han entregado a la empresa mil 600 millones de pesos, de un total pactado de 4 mil 200 millones en pagos que se extenderán por 21 trimestres. Esto significa que aún faltan por entregarle 2 mil 600 millones, y que, incluso cuando Campos Galván deje el cargo, quedarán por pagarse 200 millones más, arrastrando a la siguiente administración con un compromiso financiero ajeno a su voluntad.
Hasta ahora, la única certeza es que la Torre ha alcanzado su punto más alto, pero ni las cámaras ni las plataformas asociadas han producido resultados tangibles en la reducción de la violencia. Gilberto Loya Chávez, secretario de Seguridad Pública del Estado, llegó a afirmar que la Plataforma Centinela reduciría los homicidios en un 90%. Pero en junio pasado, Juárez registró 77 asesinatos y la capital del estado, 29. Es decir, las cifras siguen igual, cuando no peores. Loya, además, dejó como antecedente la fallida Plataforma Escudo Chihuahua, un sistema de vigilancia igualmente costoso que no logró impactar los índices delictivos. ¿Por qué insistir en un modelo que ya ha fracasado?
Las cámaras de la Torre Centinela se han convertido en objeto de burla. Lejos de brindar seguridad, generan desconfianza. Son ojos que vigilan sin eficacia, que no previenen ni disuaden, sólo observan. En redes sociales, ciudadanos señalan que estos dispositivos han servido más como fachada de modernización que como herramientas funcionales. La percepción es que los millonarios contratos sirvieron más para beneficiar a empresas que para proteger vidas.
La sombra de corrupción se agrava con los recientes señalamientos contra Daniel Esquenazi, operador principal de Seguritech. Investigaciones del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública (POPLab) y la red Connectas revelaron que Esquenazi aparece como representante legal de la firma que adquirió la casa donde vive actualmente la familia del exgobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, en una zona exclusiva de Texas. Aunque la vivienda fue adquirida por la empresa DAI LLC, registrada en Colorado, Esquenazi figura como firmante de la transacción del 20 de marzo de 2025. Además, gestionó un préstamo hipotecario por 899 mil dólares ante el Vantage Bank Texas, bajo la figura de «segunda vivienda», lo que obliga a habitarla como residencia privada durante al menos un año.
Este escándalo es más que un dato inmobiliario. Es el indicio de una red de favores y negocios cruzados entre actores políticos y contratistas. Seguritech, dirigida por Ariel Picker, ha sido una de las empresas más beneficiadas en Guanajuato desde 2012, cuando vendió al estado un sistema de blindaje por más de 2 mil 800 millones de pesos. Durante el sexenio de Sinhue, los contratos con esta empresa continuaron, y su contenido fue clasificado como información reservada con el pretexto de proteger la seguridad pública. A pesar de que en 2022 un despacho legal aseguró que Esquenazi ya no tenía vínculos con la empresa, su presencia en reuniones en oficinas municipales de Celaya en marzo de este año demuestra que sigue operando a nombre de la compañía.
La pregunta que asalta es: ¿por qué insistir en esta empresa para una obra tan delicada? ¿Cuántas escuelas, centros culturales o distribuidores viales podrían haberse financiado con los mismos 4 mil 200 millones de pesos? Un solo distribuidor como el de Talamás Camandari-Independencia, inaugurado por el Gobierno Municipal, costó 380 millones de pesos y beneficia a 70 mil conductores al día. Con el presupuesto de la Torre Centinela podrían haberse construido al menos once distribuidores viales estratégicamente ubicados para resolver los nudos de movilidad más severos de la ciudad.
Pero la gobernadora optó por lo simbólico, por lo monumental, por una apuesta tecnológica que en el fondo parece estar más vinculada a intereses privados que al bienestar público. Y lo peor es que Juárez no tiene otra gran obra que presumir bajo su mandato. El transporte público prometido nunca llegó. Las condiciones de movilidad, inseguridad y desigualdad permanecen sin grandes transformaciones.
Si la Torre no se concluye durante este sexenio, el nuevo gobierno tendrá en sus manos un dilema: ¿continuar una obra impopular, costosa y sin resultados? ¿O abandonarla y convertirla en un elefante blanco visible desde El Paso, una herida urbana que recordará el fracaso de un proyecto fallido? Dejarla inconclusa será admitir el error; terminarla, un acto de resignación.
La Torre Centinela es, hasta hoy, el emblema de un estilo de gobierno que privilegia el negocio sobre el bienestar, el contrato sobre la transparencia y la imagen por encima de los resultados. La Plataforma Centinela, en su conjunto, no protege, no cuida, no escucha. Sólo observa. Pero incluso eso lo hace mal.
