En política y crimen, las coincidencias rara vez son inocentes. Genaro García Luna, el poderoso exsecretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón, acaba de ser trasladado a la penitenciaría federal ADX Florence en Colorado, mejor conocida como “la Alcatraz de las Rocosas”.
Lo interesante no es solo el nivel de seguridad extrema de esa prisión, sino el hecho de que allí se encuentra recluido Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, exlíder del Cártel de Sinaloa… el mismo que, durante años, fue protegido desde las más altas esferas del poder público mexicano.
Los socios, cuando caen, suelen reencontrarse. A veces no en un restaurante de lujo, sino en una celda aislada de concreto. García Luna fue pieza clave para que el Cártel de Sinaloa extendiera su dominio hasta Ciudad Juárez en la Guerra del Narco entre 2008 y 2011. Policías federales escoltaban convoyes de droga, operaciones enteras eran encubiertas, mientras desde el podio presidencial se hablaba de “valentía” y “estrategia”. Pero la estrategia era otra: proteger a uno de los cárteles para eliminar a los demás. La evidencia presentada en el juicio de García Luna en Estados Unidos no dejó lugar a dudas. El Cártel de Sinaloa no habría logrado lo que logró sin ayuda institucional. Y esa ayuda se dio al más alto nivel.
Hoy, García Luna cumple una condena de 38 años y cuatro meses por conspiración para el tráfico de drogas, delincuencia organizada y falsedad de declaraciones. El hombre que alguna vez fue considerado “el cerebro” detrás del combate al narcotráfico en México, hoy comparte prisión con uno de los criminales que se benefició de su complicidad. Ironías del destino, dirían algunos. Justicia poética, dirían otros. Pero la realidad es más cruda: lo que vemos es el retrato de un sistema podrido hasta el tuétano.
De acuerdo con medios estadounidenses, la ADX Florence no es cualquier prisión. Diseñada para evitar fugas y quebrantar el espíritu de los reclusos más peligrosos, sus celdas de dos por tres metros y su régimen de aislamiento absoluto simbolizan el final de un ciclo de poder y corrupción. Ahí están Guzmán y García Luna. Y si de lógica judicial se tratara, solo faltaría un vecino más: el expresidente Felipe Calderón.
Porque por más que se diga ajeno, Calderón fue el comandante en jefe de esa guerra sangrienta, el superior directo de García Luna, el hombre que legitimó y defendió cada una de sus decisiones. Decir que “no sabía” es una forma elegante de ocultar el tamaño del encubrimiento. ¿Cómo no saber? ¿Cómo ignorar lo evidente? ¿Cómo no sospechar cuando los resultados favorecían sistemáticamente a un solo grupo criminal mientras el país se desangraba?
En Ciudad Juárez lo vimos con claridad. El Cártel de Sinaloa se impuso con la venia de las instituciones. Las cifras de muertos se contaban por miles. Las desapariciones, las fosas, las ejecuciones públicas, los desplazamientos forzados. La ciudad fue campo de batalla y experimento de impunidad. Y mientras tanto, García Luna construía su imperio con dólares manchados de sangre.
Hoy, encerrado en una celda que apenas permite ver el cielo, García Luna paga parte de una cuenta histórica. Pero no es suficiente. Su vecino, El Chapo, también cumple su condena. ¿Y el resto? ¿Dónde están los que firmaban los acuerdos, los que desviaban la mirada, los que hablaban de “estado de derecho” mientras pactaban con el crimen?
En esa cárcel, simbólicamente, solo falta uno. Porque si la justicia realmente fuera imparcial, Felipe Calderón estaría ya buscando su número de celda. Porque los verdaderos vecinos del crimen organizado no siempre usaban pasamontañas: algunos llevaban corbata, daban conferencias y decían defender a México.
Y mientras eso no ocurra, esta historia no está cerrada.
