Mientras Chihuahua enfrenta una de las peores crisis de violencia e incendios forestales en lo que va del año, la gobernadora María Eugenia Campos Galván ha decidido mantenerse al margen de las reuniones de seguridad más importantes del estado. A pesar de que la entidad ocupa el cuarto lugar nacional en homicidios dolosos, la mandataria panista volvió a ausentarse este lunes de la Mesa Estatal de Construcción de Paz, el principal espacio de coordinación entre fuerzas federales, estatales y municipales para atender la inseguridad.
En su lugar, asistió el secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña, quien junto con el fiscal César Jáuregui y el secretario de Seguridad Gilberto Loya, intentó justificar los números de la violencia con un comunicado que hablaba de “logros” y “entornos de tranquilidad”, en una narrativa que contrasta brutalmente con la realidad que padecen miles de chihuahuenses.
Según datos presentados este mismo lunes por la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia matutina, Chihuahua acumula 726 homicidios dolosos de enero a mayo de 2025, cifra muy por encima del promedio nacional, y apenas por debajo de entidades como Guanajuato, Baja California y Estado de México. El estado, que había salido momentáneamente del top 7 de homicidios en abril, volvió a escalar posiciones para instalarse otra vez en los primeros lugares del horror.
Como si esto no fuera suficiente, el estado enfrenta once incendios forestales activos, con brigadistas rebasados en municipios como Moris, Ocampo, Bocoyna, Guadalupe y Calvo, y Guachochi. A pesar de los esfuerzos conjuntos entre dependencias federales, estatales y municipales, los fuegos no han podido ser controlados, y la gobernadora, lejos de asumir un papel central en la crisis, continúa delegando su responsabilidad.
La ausencia de Campos Galván en momentos importantes a sido un lugar común. La titular del Ejecutivo estatal ha sido constantemente señalada por su falta de presencia en temas sensibles, desde los conflictos por el agua, hasta las agresiones a periodistas o el abandono en comunidades serranas. Pero lo que hoy se recrudece es la desconexión entre el discurso oficial —plagado de triunfalismo— y los datos duros: una impunidad que rebasa el 90% en homicidios, comunidades rodeadas por el fuego y una percepción ciudadana cada vez más desesperanzada.
En lugar de encabezar las reuniones de seguridad, mostrar liderazgo ante la emergencia climática o asumir con seriedad el reto de la violencia, la gobernadora opta por delegar y desaparecer del foco público.
