Si naciste en los noventa, probablemente el Fondo Bancario de Protección al Ahorro Bancario (Fobaproa) te suene como un concepto lejano, casi anecdótico, pero lo cierto es que esa deuda interminable sigue siendo un fantasma que acecha el presente de México. En 1994, cuando la crisis financiera sacudió al país, el Fobaproa fue presentado como la solución: salvar a los bancos a costa de los impuestos de todos.
Lo que pocos saben es que, más allá de una cuestión económica, esa deuda colosal es el retrato de la corrupción y el saqueo institucionalizados. Para quienes vivieron la transición del PRI a la alternancia en el 2000, el Fobaproa simboliza un modelo económico que priorizaba a los poderosos, mientras la mayoría cargaba con el peso de una crisis que nunca fue de ellos. Hoy, esa deuda sigue siendo nuestra.
Hace unas semanas, el Fobaproa resurgió en la agenda pública, gracias a una iniciativa del Partido del Trabajo que propone eliminar su deuda. Curiosamente, el PRI, que fue uno de sus principales promotores, ahora se suma al reclamo de acabar con el pago. No sorprende: el partido que consagró el rescate bancario, o “atraco”, como lo llamaron muchos, ahora se presenta como enemigo de esa herencia. Y, para darle más sabor a la ironía, el PAN, que también apoyó la jugada en su momento, se une a la propuesta. Un verdadero retrato de la política mexicana. ¿Qué ocurrió con el Fobaproa?, ¿qué implicaciones tuvo en las finanzas del país y cuál fue su impacto en la política? Te contamos la historia.
El nacimiento de una deuda monumental
El Fobaproa fue creado en 1990, en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, en un contexto de crisis económica y devaluación del peso. Durante esos años, la economía mexicana sufría una serie de golpes letales: la caída de los precios del petróleo, una inflación galopante, una creciente deuda externa y, por supuesto, el descontrol absoluto de las finanzas bancarias. Los bancos privados, a menudo aliados del poder político, habían otorgado créditos irresponsables a empresas y particulares sin ninguna supervisión. El resultado fue la quiebra de varias entidades financieras y el colapso de un sistema que, de no ser rescatado, habría dejado a millones de mexicanos sin acceso a sus ahorros.
Sin embargo, en lugar de buscar una solución justa o de castigar a los responsables, el gobierno mexicano optó por socializar la deuda. El Fobaproa, bajo la administración de Ernesto Zedillo, asumió el control de los pasivos de los bancos, transfiriendo la deuda privada a la esfera pública. Es decir, el gobierno decidió que la ciudadanía pagaría por la ineptitud y los fraudes del sistema financiero. De esta forma, lo que se consideró un rescate a los bancos —en su mayoría, propiedad de empresarios ligados al poder— se convirtió en una carga eterna para el pueblo mexicano.
Una deuda que nunca termina
Aunque el Fobaproa fue creado con el fin de proteger los ahorros de los mexicanos, lo que realmente sucedió fue que la deuda que generó alcanzó dimensiones inimaginables. En 1999, la deuda del Fobaproa superaba los 552 mil millones de pesos, un equivalente al 11% del Producto Interno Bruto (PIB) del país.
Para entonces, el gobierno mexicano ya había decidido que la deuda sería pagada a través de los impuestos de los ciudadanos. A pesar de que esta deuda fue el resultado de las malas prácticas bancarias, los desfalcos y la falta de control de las autoridades, el costo de la crisis fue transferido a las generaciones futuras.
Y aquí es donde el Fobaproa se convierte en un símbolo de la política tradicional mexicana, esa que ha basado su poder en el control absoluto de los recursos del país, en el encubrimiento de los actos de corrupción y en la perpetuación de un sistema que ha dejado a millones de mexicanos cargando con las consecuencias de los errores de los poderosos. Lo peor de todo es que, al día de hoy, la deuda sigue existiendo.
Según cifras oficiales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público , el saldo de la deuda del Fobaproa supera el billón de pesos, una cantidad que parece no tener fin. Y lo peor es que las generaciones nacidas en los años noventa, como tú, siguen pagando por una deuda que ni siquiera tuvieron la oportunidad de cuestionar.
El rescate de los bancos y el fraude institucionalizado
Si bien el Fobaproa comenzó como una medida de emergencia para evitar el colapso total del sistema financiero, rápidamente se transformó en una operación de rescate a los grandes bancos, muchos de los cuales estaban, y siguen estando, vinculados al poder político. En 1999, los diputados del PRI aprobaron una reforma para transformar el Fobaproa en el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), pero el daño ya estaba hecho. En lugar de castigar a los bancos por su irresponsabilidad y fraude, el gobierno simplemente les transfirió la deuda, colocando a la sociedad mexicana en la posición de ser la única responsable de pagar los desmanes de los banqueros.
La legitimidad de este proceso fue puesta en duda desde el principio, ya que se consideró que el Fobaproa era, en esencia, un robo institucionalizado. A medida que se fueron conociendo las cifras y los detalles, la indignación creció. El rescate a los bancos no fue una medida justa, sino una operación de impunidad. Y mientras los empresarios ligados al poder se beneficiaban de este acuerdo, la gente común veía cómo sus impuestos se destinaban al pago de una deuda ajena.
El colapso del PRI y la búsqueda de una nueva política
El Fobaproa, esa tragedia financiera disfrazada de salvavidas, fue el clímax de un PRI que, durante más de setenta años, gobernó México con la impunidad de un sistema que siempre se aseguró de que los de arriba nunca cayeran. La crisis bancaria de 1994, más que una catástrofe, fue una oportunidad de oro para los poderosos, quienes se beneficiaron del rescate del Estado mientras el pueblo cargaba con la deuda.
El PRI, ese partido que había vivido del pacto con empresarios y el control de las instituciones, se vio desbordado por un hartazgo social que ya no pudo sofocar con promesas de crecimiento ni estabilidad. En 2000, el PRI perdió la presidencia por primera vez en 71 años, pero el daño estaba hecho: el Fobaproa seguía vivo, alimentado por los impuestos de un pueblo que nunca fue responsable de la crisis.
Y así, aunque el PRI ya no gobierna, las secuelas del Fobaproa siguen vigentes. Los bancos siguen siendo los beneficiarios, y el pueblo, siempre el mismo, paga las consecuencias. El Fobaproa no fue un rescate, sino una muestra de que, en México, los poderosos siempre ganan y los demás, simplemente, pagan.
