El Gobierno federal buscará cerrar el paso a posibles candidaturas vinculadas con la delincuencia organizada mediante una nueva reforma electoral que fortalecería las facultades del Instituto Nacional Electoral de cara a los próximos procesos electorales.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó este jueves que enviará al Congreso de la Unión una iniciativa para crear un mecanismo especializado encargado de revisar perfiles de aspirantes a cargos públicos y detectar posibles riesgos relacionados con grupos criminales.
Durante su conferencia matutina, Sheinbaum explicó que la propuesta surge ante casos detectados durante su administración donde algunas presidencias municipales han presentado presuntos vínculos con la delincuencia organizada.
“Hay un tema de evitar que haya algún candidato de cualquier partido que tuviera un riesgo de vínculo de delincuencia organizada”, señaló la mandataria al adelantar que la iniciativa será enviada esta misma semana.
La presidenta detalló que la reforma ya había sido trabajada anteriormente como parte del denominado “Plan A” electoral, aunque varias propuestas quedaron pendientes tras no concretarse en su momento. Sin embargo, indicó que se decidió retomarla aprovechando el próximo periodo extraordinario del Congreso, con la intención de que pueda aplicarse rumbo a las elecciones de 2027.
Por su parte, la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde Luján, explicó que la propuesta contempla modificaciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para crear la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas.
Dicho organismo dependería del INE y estaría conformado por cinco consejeros electorales designados por el Consejo General para periodos de tres años.
Alcalde precisó que la Comisión serviría como enlace entre partidos políticos y autoridades de seguridad, inteligencia y procuración de justicia, permitiendo revisar perfiles de aspirantes mediante consultas con instituciones como el Centro Nacional de Inteligencia, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Fiscalía General de la República y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
En caso de detectar riesgos razonables, la Comisión notificaría a los partidos políticos, aunque cada fuerza política mantendría la responsabilidad final de decidir si registra o no a determinado candidato.
La funcionaria agregó que, si durante las revisiones surgiera información relevante, las instituciones correspondientes continuarían con las investigaciones que procedan conforme a la ley.
