La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, volvió a quedar en el centro de la polémica luego de que la propia Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México aclarara a través de un comunicado que la audiencia para la que fue citada esta semana no corresponde a una imputación penal en su contra, como ella misma insinuó públicamente.
Horas después de que Campos asegurara enfrentar una nueva ofensiva judicial derivada de una denuncia promovida por el exgobernador Javier Corral Jurado por presunto secuestro, trascendió que la Fiscalía capitalina ya había determinado desde febrero de este año el no ejercicio de la acción penal en su contra por los delitos de privación ilegal de la libertad, abuso de autoridad y ejercicio abusivo de funciones.
La resolución está relacionada con el operativo realizado en agosto de 2024 en la colonia Roma de la Ciudad de México, cuando autoridades chihuahuenses intentaron detener a Corral.
De acuerdo con la información oficial, la audiencia programada para el próximo 29 de mayo deriva únicamente de una impugnación presentada por Javier Corral contra la decisión de la Fiscalía de no proceder penalmente contra la mandataria estatal.
Incluso la propia Fiscalía confirmó que la comparecencia no implica judicialización ni imputación alguna contra Campos Galván.
Pese a ello, la gobernadora difundió un mensaje en el que aseguró que enfrenta una “persecución política pura y dura” y que distintas acciones legales forman parte de una estrategia coordinada en su contra.
El nuevo episodio volvió a generar cuestionamientos sobre el manejo político y mediático que la mandataria ha dado a los recientes procedimientos legales relacionados con investigaciones federales y denuncias abiertas en distintos estados del país.
