La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, volvió a dirigir sus críticas contra el Gobierno federal al afirmar que la administración de la Cuarta Transformación protege a funcionarios señalados y que esa situación debilita el Estado de Derecho, afecta la confianza de los inversionistas y pone en riesgo la competitividad del país.
En un mensaje público, la mandataria aseguró que México enfrenta un escenario de incertidumbre derivado de las decisiones del Gobierno federal. Como ejemplo, mencionó el anuncio de Toyota de trasladar producción de Tijuana a Texas y sostuvo que la revisión anual del tratado comercial con Estados Unidos genera un entorno poco favorable para las inversiones.
Campos también insistió en cuestionar la situación del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Afirmó que no existen avances públicos suficientes sobre las investigaciones relacionadas con ese caso y criticó que, a su juicio, Morena privilegie intereses políticos sobre el cumplimiento de la ley. En ese contexto, pidió al Gobierno federal actuar contra los funcionarios que enfrenten señalamientos, siempre con base en las investigaciones correspondientes.
Las declaraciones se producen mientras la propia administración estatal ha enfrentado un intenso escrutinio público por distintos temas. Entre ellos figura la denominada “Casa Dorada», una propiedad que ha sido objeto de cuestionamientos políticos y mediáticos respecto a su adquisición y características, asunto sobre el que la gobernadora ha rechazado haber incurrido en irregularidades.
A ello se suman señalamientos relacionados con operaciones de una empresa del sector de bienes raíces vinculadas públicamente con personas cercanas a la mandataria. Esos temas han alimentado el debate político en Chihuahua y han sido utilizados por distintos actores para cuestionar la transparencia de la administración estatal, mientras el Gobierno del Estado ha sostenido que ha actuado conforme a la ley y ha rechazado las acusaciones.
Hace dos meses, la mandataria estatal volvió a quedar en el centro del debate público tras la difusión de investigaciones periodísticas que cuestionan la adquisición y la declaración patrimonial de una residencia ubicada en el fraccionamiento Bosques de San Francisco, conocida públicamente como la “Mansión Dorada”.
De acuerdo con esos reportes, se han planteado señalamientos sobre un posible conflicto de interés relacionado con una empresa inmobiliaria en la que, según las publicaciones, la mandataria tendría una participación mayoritaria. Las investigaciones también sostienen que dicha empresa obtuvo contratos con el gobierno y que una parte del inmueble estaría vinculada a esa sociedad mercantil.
Las publicaciones además cuestionan la información presentada en la declaración patrimonial de la gobernadora, al señalar presuntas diferencias entre el valor catastral del inmueble y los montos reportados. Estos señalamientos han generado un intercambio de posicionamientos entre actores políticos y han motivado llamados para que las autoridades competentes revisen el caso.
En respuesta, Campos Galván ha rechazado las acusaciones y las ha calificado como “mentiras viejasa”, sosteniendo que no existe ninguna irregularidad en su patrimonio. Hasta el momento, la gobernadora mantiene esa postura frente a los cuestionamientos difundidos en medios de comunicación.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum manifestó que corresponde a las instancias fiscalizadoras revisar cualquier denuncia relacionada con el patrimonio de servidores públicos y señaló que, en su caso, la Auditoría Superior de la Federación y las autoridades competentes son las encargadas de determinar si existe alguna irregularidad conforme a la ley.
El intercambio de señalamientos refleja el clima de confrontación política que prevalece entre el Gobierno de Chihuahua y la administración federal. Mientras la gobernadora insiste en advertir sobre las consecuencias económicas y de seguridad que, afirma, enfrenta el país, desde el Gobierno de México se ha reiterado que cualquier procedimiento contra un servidor público debe sustentarse en pruebas y desarrollarse conforme al debido proceso, sin juicios anticipados.
