La visita de Ariadna Montiel a Chihuahua sacudió más de un escritorio en el panismo estatal. No se esperaban el revire político. Mucho menos la contundencia con la que Morena ha tomado el caso que ha indignado no solo a los habitantes del estado grande, sino a millones de mexicanos.
La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, llegó para cerrar filas y colocar a la gobernadora María Eugenia Campos Galván en el centro del huracán político. Anticipó que se promoverá un juicio político, lo que podría llevar a una histórica destitución. La puso en su lugar.
Montiel golpeó donde más duele. Recordó que María Eugenia no quiso comparecer ni ante el Senado ni ante el Congreso local para explicar el caso. Además cuestionó la narrativa oficial construida desde el Gobierno estatal y exhibió las contradicciones sobre lo ocurrido en la sierra, mientras la administración panista sigue atrapada en explicaciones que cada vez convencen menos.
La reacción de Morena es consecuencia directa de las reiteradas faltas de respeto de María Eugenia Campos Galván hacia la Constitución, hacia el Congreso del Estado, hacia el Senado y, sobre todo, hacia los chihuahuenses y el resto de los mexicanos, a quienes ha intentado venderles la idea de que todo se reduce al hallazgo de un narcolaboratorio.
Lo que realmente se investiga es algo mucho más grave, la posible traición a la soberanía nacional y la subordinación de un gobierno estatal frente a agencias extranjeras. Aquí el problema nunca fue únicamente un operativo contra el crimen organizado, sino las condiciones bajo las cuales presuntamente se permitió la participación de agentes estadounidenses en territorio mexicano.
Llama la atención también el poder de Montiel para unificar, porque aparecieron juntos en el presidium Cruz Pérez Cuéllar y Andrea Chávez, los dos principales punteros rumbo a la gubernatura. La imagen debió haber incomodado profundamente al panismo estatal porque durante meses ha apostado a una fractura interna dentro de Morena.
Al final, la fotografía terminó enviando uno de los mensajes políticos más claros de la jornada. Mientras el Gobierno estatal enfrenta desgaste, cuestionamientos por seguridad y una crisis derivada del caso de la CIA, Morena comienza a alinearse alrededor de una estrategia común rumbo al 2027, con Ariadna Montiel operando unidad donde el PAN esperaba división.
Pérez Cuéllar deshace narrativa del Estado
Las declaraciones del alcalde juarense terminaron golpeando directamente una de las narrativas que el Gobierno estatal ha intentado construir, al señalar que aquí no se discute un simple tema de coordinación binacional, sino posibles violaciones a la soberanía nacional.
Pérez Cuéllar también desmontó otro de los argumentos más repetidos por el Estado. Sí existen mesas de coordinación entre autoridades mexicanas y estadounidenses. Sí hay cooperación en seguridad. Pero una cosa es compartir información y otra muy distinta permitir operaciones o presencia extranjera dentro del territorio nacional.
“Nunca le pedimos a nuestros vecinos que vayan a patrullar la ciudad”, dijo el alcalde. Y esa frase resume buena parte de la discusión que hoy mantiene a Chihuahua en medio de una crisis política nacional.
Por eso el llamado para que Campos comparezca públicamente sigue creciendo. El silencio, las evasivas y las explicaciones incompletas solo alimentan más dudas sobre un caso que ya dejó de ser un asunto estatal para convertirse en un debate nacional sobre soberanía y responsabilidades políticas.
Una gobernadora que no ha querido dar la cara a legisladores
El silencio dla mandataria estatal ya pesa demasiado. Mientras las dudas sobre la presunta participación de agentes de la CIA en operativos realizados en Chihuahua continúan creciendo, la gobernadora decidió esconderse detrás de oficios, evasivas y una mayoría legislativa dispuesta a blindarla políticamente.
Lo ocurrido en el Congreso del Estado el 23 de abril fue una muestra clara de ello. La mayoría prianista rechazó que Campos compareciera públicamente para explicar un tema que involucra soberanía nacional, intervención extranjera y seguridad pública. Diecisiete votos bastaron para proteger el silencio de una mandataria que parece incapaz de enfrentar preguntas incómodas frente al pueblo de Chihuahua.
Y después vino el Senado, el 28 de abril. También ahí decidió no acudir. La gobernadora notificó mediante un oficio que no asistiría a la reunión convocada para explicar el caso, bajo el argumento de no afectar las investigaciones. No quiso dar la cara.
Lo grave es que aquí no se discute un tema cualquiera. Se investiga la posible cooperación y subordinación de autoridades estatales con agencias estadounidenses dentro de territorio mexicano. Y mientras el país entero debate soberanía, el Gobierno de Chihuahua responde con silencio, soberbia y cerrazón.
La gobernadora no puede explicar públicamente lo ocurrido, ya perdió autoridad moral para seguir encabezando el estado. En cualquier democracia seria, una funcionaria bajo este nivel de cuestionamiento se separaría del cargo mientras se esclarecen los hechos, igual que sucedió con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha.
Por eso el desafuero dejó de ser un asunto partidista y comenzó a convertirse en una necesidad democrática. Porque ningún gobierno puede sostenerse eternamente desde la opacidad, y mucho menos cuando lo que está en juego es la soberanía nacional y la confianza de los mexicanos.
No quiere dar la cara a los mexicanos, pero qué tal a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con quien se reunió en Aguascalientes.
La inseguridad en Chihuahua refleja el fracaso de su gobernadora
Mientras el país presume la reducción más importante de homicidios en más de una década, el estado gobernado por Campos Galván volvió a colocarse en el primer lugar nacional de asesinatos. Y no es casualidad ni mala suerte, es, digamos, el reflejo de un gobierno atrapado en la soberbia, el desgaste político y una estrategia de seguridad que simplemente no está funcionando.
Resulta todavía más grave cuando en otras entidades la coordinación con la Federación comienza a mostrar resultados positivos, mientras en Chihuahua el panismo decidió tomar otro camino: confrontarse políticamente con el Gobierno federal mientras presume cercanía y subordinación con agencias estadounidenses. Ahí está buena parte del fondo del desastre que hoy vive el estado.
La crisis ya dejó de ser únicamente de seguridad. También es una crisis institucional y política. María Eugenia atraviesa el momento más delicado de su administración. Mientras el país registró en abril el promedio diario de homicidios más bajo de los últimos once años, Chihuahua apareció nuevamente como el estado más violento del país con 129 asesinatos.
Quizá lo más preocupante es que la violencia parece haber dejado de ser prioridad para el grupo gobernante en Chihuahua. La atención, insistimos, está más puesta en controlar la narrativa política, victimizarse frente a la Federación y convertir cualquier crítica en confrontación partidista, en lugar de enfrentar de fondo el problema que hoy mantiene a Chihuahua entre los estados más violentos del país.
¿Qué sigue despúes de la marcha del sábado?
¿Qué es lo que sigue en todo esto? La marcha del sábado no será el final del conflicto político alrededor de Campos Galván. En realidad, apenas marcaría el arranque formal de un proceso mucho más grande y delicado: el intento de desafuero contra la gobernadora señalada por posibles violaciones a la soberanía nacional.
El procedimiento comienza con una denuncia formal ante la Cámara de Diputados federal. Esa denuncia puede ser presentada por ciudadanos o incluso por autoridades ministeriales, y debe incluir elementos suficientes para justificar el inicio del proceso.
Después entra en escena la llamada Sección Instructora, integrada por cuatro diputados federales. Ahí se revisan pruebas, documentos y argumentos para determinar si existen condiciones para avanzar políticamente contra la mandataria estatal.
Si la comisión considera que sí hay elementos, emite un dictamen de procedencia. Y ahí comienza el verdadero riesgo político para la gobernadora, porque el asunto pasa al pleno de la Cámara de Diputados, donde se necesita mayoría absoluta para aprobar la llamada Declaración de Procedencia.
Si la Cámara federal aprueba el desafuero, el expediente es enviado al Congreso del Estado de Chihuahua, donde los diputados locales tienen la última palabra sobre si le retiran o no la inmunidad constitucional.
Ese punto será quizá el más polémico de todos. Porque la mayoría panista en el Congreso estatal tendría que decidir entre proteger políticamente a María Eugenia o cargar con el costo de frenar un proceso que ya escaló a nivel nacional.
Un video con la misma narrativa
Anoche la gobernadora publicó un video en sus redes sociales en el que se volvió a hacer la víctima. La misma narrativa y lo mismo de siempre, culpar a Morena. Pura distracción. Está desesperada porque ve que viene un problema mayor.
