La situación jurídica del exfiscal general de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, dio un nuevo giro la noche del domingo, cuando agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) ejecutaron una orden de aprehensión en su contra por el presunto delito de traición a la patria, apenas después de que un juez estatal determinara que podía enfrentar en libertad otro proceso penal relacionado con la participación de agentes estadounidenses en operaciones de seguridad.
La detención federal ocurrió en las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua, al concluir la audiencia en la que se discutieron las medidas cautelares por los delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición, imputados por la Fiscalía General del Estado.
Aunque la resolución estatal le permitió evitar la prisión preventiva, Jáuregui quedó bajo custodia de las autoridades federales, que ahora buscan trasladarlo al Estado de México para presentarlo ante el juez de control que ordenó su captura.
Su abogado defensor, Héctor Villasana, confirmó que el exfuncionario será llevado a los juzgados federales del Altiplano, donde deberá comparecer para conocer formalmente la acusación presentada por la FGR.
El litigante explicó que la defensa esperaba que la orden federal se ejecutara una vez concluida la etapa de vinculación a proceso en Chihuahua. Sin embargo, personal de la Fiscalía General de la República acudió al Tribunal Superior de Justicia durante la noche del domingo para cumplimentar el mandamiento judicial.
De acuerdo con Villasana, el traslado podría realizarse durante la madrugada de este lunes 19 de octubre, con la posibilidad de que Jáuregui comparezca ante la autoridad judicial federal entre el lunes y el martes 20 de octubre, y sea detenido otra vez en las próximas horas.
La fecha definitiva dependerá de las determinaciones del juzgado correspondiente y de los procedimientos necesarios para poner al detenido a disposición de la autoridad que solicitó su aprehensión.
El abogado señaló que los integrantes de la defensa también viajarán lo antes posible al Estado de México para atender la nueva causa penal y participar en la audiencia inicial, durante la cual el Ministerio Público federal deberá exponer los hechos que atribuye al exfiscal.
La investigación federal está relacionada con la presunta intervención de agentes estadounidenses, identificados en las indagatorias como integrantes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), en actividades de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua.
Entre los acontecimientos examinados se encuentra el operativo efectuado en abril de 2026 en El Pinal, municipio de Morelos, en la Sierra Tarahumara, donde las autoridades estatales desmantelaron un laboratorio utilizado para la elaboración de drogas sintéticas.
Ese operativo adquirió relevancia después de que dos ciudadanos estadounidenses, señalados en la investigación como presuntos agentes de inteligencia, murieran junto con dos funcionarios estatales en un accidente vehicular ocurrido en la comunidad de Polanco, dentro de la misma región serrana.
A partir de esos acontecimientos surgieron investigaciones sobre las condiciones en que los extranjeros habrían participado en tareas operativas de las corporaciones estatales y sobre las autorizaciones que pudieron existir para permitir su intervención.
En el ámbito local, la Fiscalía General del Estado atribuye a Jáuregui presuntas irregularidades relacionadas con la participación de cuatro agentes estadounidenses en actividades de investigación y seguridad realizadas entre octubre de 2025 y abril de 2026.
Como parte de la causa penal estatal, el Ministerio Público ha presentado testimonios de integrantes de la corporación, así como información sobre hospedajes, vehículos y desplazamientos de los extranjeros durante su estancia en Chihuahua.
La acusación busca establecer si los agentes participaron en operaciones reservadas a las autoridades mexicanas y qué funcionarios conocían o permitieron esas actividades.
En el procedimiento federal, la FGR deberá exponer los elementos con los que pretende sustentar la imputación por presunta traición a la patria, un delito distinto de los que se investigan en el fuero estatal y cuya configuración jurídica deberá ser examinada por la autoridad judicial correspondiente.
Hasta el momento, la existencia de una orden de aprehensión no representa una declaración de culpabilidad. La responsabilidad penal de Jáuregui deberá determinarse mediante el procedimiento judicial y con respeto a su derecho de defensa.
Horas antes de la intervención federal, el juez estatal Alberto Simental había rechazado la solicitud de prisión preventiva formulada por la representación social de Chihuahua.
La resolución permitió que el exfiscal continuara el procedimiento local bajo medidas cautelares, entre ellas la entrega de su pasaporte, la obligación de presentarse periódicamente ante la autoridad y la prohibición de acercarse a los testigos relacionados con la investigación.
Durante la audiencia, los representantes de la Fiscalía estatal argumentaron que existía riesgo de que el exfuncionario evadiera la justicia, mientras que sus abogados ofrecieron medidas para garantizar su permanencia y comparecencia durante el proceso.
El juzgador consideró procedente imponer restricciones distintas del encarcelamiento preventivo, por lo que Jáuregui obtuvo la posibilidad de enfrentar en libertad la causa estatal.
Sin embargo, esa determinación no impedía que la Fiscalía General de la República ejecutara una orden de aprehensión emitida dentro de una investigación federal independiente.
Por esa razón, la resolución favorable en materia de medidas cautelares no se tradujo en su salida de las instalaciones judiciales, debido a que quedó detenido por la nueva imputación.
En Chihuahua, la audiencia para resolver si será vinculado a proceso por ejercicio ilegal del servicio público y coalición quedó programada para el jueves 22 de octubre, luego de que el juez concediera la ampliación del plazo constitucional solicitada por la defensa.
La situación plantea ahora dos procedimientos penales paralelos. El primero corresponde a las presuntas irregularidades administrativas y operativas investigadas por la Fiscalía estatal; el segundo, a la acusación federal por presunta traición a la patria.
La defensa deberá atender ambos expedientes, mientras las autoridades judiciales determinan las siguientes etapas procesales y las condiciones en que el exfiscal comparecerá a las audiencias pendientes.
El traslado al Altiplano representa así el inicio de una nueva fase judicial para quien encabezó la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, en un caso que ha colocado bajo investigación los mecanismos de cooperación entre corporaciones estatales y presuntos integrantes de una agencia de inteligencia extranjera.
La audiencia federal será determinante para conocer el alcance concreto de la acusación, los hechos atribuidos a Jáuregui y los elementos que la FGR pretende utilizar para sostener el señalamiento de traición a la patria.
