El exfiscal general de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, fue detenido la mañana de este sábado 17 de octubre cuando circulaba por la avenida La Cantera, en la capital del estado, en cumplimiento de una orden de aprehensión relacionada con el caso El Pinal, el operativo realizado en la sierra chihuahuense que terminó con el desmantelamiento de un narcolaboratorio y la muerte de dos agentes de inteligencia estadounidenses.
De acuerdo con la información difundida sobre la captura, varias camionetas blancas de la Fiscalía General del Estado interceptaron el vehículo que conducía el exfuncionario y le cerraron el paso. Los agentes descendieron de las unidades para ejecutar la orden judicial. Parte de la intervención quedó registrada en un video obtenido por medios de comunicación.
La detención se realizó con base en la causa penal 3055/2026, en la que también figura Guillermo Arturo Zuany Portillo, quien ocupó la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas. La orden contra ambos fue emitida el viernes 16 de octubre por el juez Luis Alberto Simental Ortega.
Según los señalamientos contenidos en el documento judicial, Jáuregui y Zuany son investigados por su probable responsabilidad en los delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición. En el caso del exfiscal general, la imputación también le atribuye participación como presunto autor material de las conductas investigadas, mientras que Zuany enfrenta adicionalmente un señalamiento por probable falsedad agravada ante las autoridades.
Limitan información oficial a la defensa de Jáuregui
La defensa del exfiscal general de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, denunció que las autoridades estatales estarían preparando las condiciones para solicitar que permanezca en prisión preventiva, luego de su detención registrada la mañana de este sábado en la capital del estado.
Luis Villegas Montes, abogado del exfuncionario, señaló que la Fiscalía General del Estado (FGE) no le había proporcionado información sobre la situación jurídica de su representado, pese a encontrarse acreditado ante el Poder Judicial como su defensor.
Villegas Montes cuestionó que, a pesar de contar con el reconocimiento legal para intervenir en el procedimiento, no hubiera recibido una notificación formal que le permitiera conocer las condiciones en que se encontraba su cliente.
A juicio del abogado, esta situación refleja una intención de las autoridades de limitar el acceso de la defensa al detenido y favorecer la imposición de una medida cautelar que lo mantenga privado de su libertad.
El representante legal sostuvo que la actuación de la Fiscalía permite anticipar que el Ministerio Público buscará solicitar prisión preventiva durante la audiencia correspondiente.
Las acusaciones
Las acusaciones están relacionadas con las actuaciones de funcionarios estatales durante el operativo desarrollado entre el 17 y el 19 de abril en El Pinal, municipio de Morelos, una zona de difícil acceso en la sierra de Chihuahua donde las autoridades localizaron instalaciones presuntamente utilizadas para la elaboración de drogas sintéticas.
La intervención quedó envuelta en una controversia después de conocerse que dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) habían muerto durante los acontecimientos relacionados con el despliegue. La presencia de personal estadounidense en territorio mexicano abrió interrogantes sobre la coordinación institucional, los procedimientos empleados y la información que tenían las autoridades responsables.
El caso alcanzó directamente a la Fiscalía General del Estado, entonces encabezada por Jáuregui, debido a las inconsistencias detectadas en las primeras versiones oficiales y a las dudas sobre la conducción del operativo.
La controversia derivó en la salida del funcionario. El 27 de abril, Jáuregui presentó su renuncia irrevocable al cargo de fiscal general, en medio de cuestionamientos públicos por lo ocurrido en El Pinal y por las responsabilidades que pudieran corresponder a los mandos de la institución.
Al anunciar su separación, reconoció que la información inicial difundida sobre los acontecimientos había sido inconsistente y admitió deficiencias en los mecanismos de control, comunicación y gestión institucional. También sostuvo que las acciones contra el crimen organizado debían realizarse dentro del marco legal.
La renuncia no puso fin a las investigaciones. Un mes después, el 27 de mayo, el exfiscal compareció ante la Fiscalía General de la República (FGR) en Ciudad Juárez, donde respondió preguntas relacionadas con la presencia de agentes estadounidenses en el operativo.
En aquella diligencia acudió en calidad de testigo y permaneció aproximadamente dos horas y media ante las autoridades federales. Al salir, declaró que había respondido un cuestionario y expresó su confianza en que sus declaraciones contribuyeran al esclarecimiento de los hechos.
La situación judicial cambió con la orden de aprehensión emitida en octubre. Mientras la comparecencia de mayo formó parte de las diligencias federales, la nueva causa penal atribuye a los exfuncionarios presuntas conductas delictivas relacionadas con el desempeño de sus responsabilidades públicas.
La inclusión de Zuany Portillo en la orden judicial amplía las consecuencias del caso dentro de la estructura que dirigía las operaciones estratégicas de la Fiscalía estatal. Su participación y las conductas que le atribuye el Ministerio Público deberán ser examinadas durante el procedimiento penal.
La resolución judicial establece que, una vez ejecutadas las órdenes de captura, los imputados deberán quedar a disposición del tribunal competente para que se determine su situación jurídica conforme a los plazos legales.
La detención de Jáuregui representa uno de los acontecimientos de mayor repercusión institucional derivados del caso El Pinal, debido a que involucra a quien estuvo al frente de la Fiscalía General de Chihuahua y a otro exfuncionario que ocupó un puesto estratégico dentro de la corporación.
Las investigaciones también mantienen bajo escrutinio la manera en que se desarrolló una operación de seguridad con participación de personal extranjero, así como los mecanismos de autorización, supervisión y rendición de cuentas dentro de las instituciones responsables.
Por ahora, los delitos señalados corresponden a imputaciones que deberán ser sustentadas ante un juez. La existencia de una orden de aprehensión no constituye una sentencia condenatoria, por lo que ambos exfuncionarios conservan su derecho a la presunción de inocencia.
Hasta la información disponible, se reportó la captura de César Jáuregui y la existencia de una orden judicial contra Guillermo Arturo Zuany Portillo, sin que se hubiera confirmado su detención ni el resultado de las audiencias posteriores.
La captura quedó asentada en el Registro Nacional de Detenciones, que señala las 10:20 horas como momento de la aprehensión, en las inmediaciones de La Cantera y George Washington, colonia Campestre Washington. Según ese registro, el exfiscal quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado, Zona Centro-Sur.
El oficio judicial 53095/2026, dirigido a la agente del Ministerio Público Anabel Amparán Delgado, precisa que los dos exfuncionarios están señalados como presuntos coautores de ejercicio ilegal del servicio público y coalición. También contiene imputaciones adicionales específicas para cada uno. El documento difundido incluye los puntos resolutivos, pero no reproduce íntegramente las pruebas ni los argumentos que llevaron al juez a autorizar las capturas.
Dos días antes de su detención, el jueves 15 de octubre, Jáuregui había defendido públicamente su actuación en el operativo de El Pinal y manifestado que estaba dispuesto a asumir las responsabilidades que determinaran las autoridades.
La orden contra Zuany permanecía pendiente de ejecución en los reportes consultados este sábado. Mientras tanto, se esperaba la presentación de Jáuregui ante un juez para conocer formalmente las imputaciones y avanzar en la definición de su situación jurídica.
