Mientras millones de mexicanos pagan puntualmente sus impuestos, uno de los empresarios más poderosos del país, Ricardo Salinas Pliego, insiste en que él no debe hacerlo. Esta semana, el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito resolvió que Grupo Elektra deberá pagar más de 2 mil millones de pesos al Servicio de Administración Tributaria (SAT), por un adeudo correspondiente al ejercicio fiscal de 2012. Pero lejos de acatar el fallo, el magnate ha respondido con una campaña de deslegitimación del sistema judicial.
Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas —conglomerado que incluye a TV Azteca, Banco Azteca y Elektra—, ha recurrido a su red de medios y redes sociales para victimizarse y acusar a los jueces de “alinearse con un proyecto político”. La estrategia no es nueva: desde que inició su confrontación con el SAT, ha buscado trasladar el litigio fiscal a la arena mediática y política, presentándose como un empresario acosado por un “gobierno autoritario”.
Pero los hechos hablan por sí solos. La deuda original de Elektra era de 1,603 millones de pesos, monto que creció por actualizaciones y recargos tras años de litigios. El argumento fiscal que intenta sostener el consorcio de Salinas es que puede deducir la compra de una empresa artificial —una práctica común para evadir el pago de ISR—. El tribunal no compró esa justificación.
Lejos de aceptar la resolución de un órgano autónomo y judicial, Grupo Salinas ha calificado el fallo de “ilegal”, acusando sin pruebas a los magistrados de actuar por consigna política. Peor aún, Salinas Pliego pretende llevar el caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no para defender derechos legítimos, sino para buscar impunidad desde la cúspide del poder judicial.
El problema de fondo va más allá del adeudo. La negativa de Salinas Pliego a pagar impuestos revela una visión profundamente clasista y elitista de la justicia fiscal. Mientras las pequeñas y medianas empresas se ven asfixiadas por obligaciones tributarias, un multimillonario con acceso a los más caros despachos de abogados intenta evadir sus responsabilidades con el Estado mexicano.
El discurso de “persecución política” es útil para encubrir lo que es, a todas luces, una resistencia a cumplir con la ley. En un país con altos niveles de desigualdad, resulta escandaloso que alguien que ha hecho su fortuna gracias al consumo popular —vía productos vendidos en abonos con altos intereses— se niegue a devolver una fracción de su riqueza al erario.
Además, Salinas ha utilizado a TV Azteca como un instrumento para posicionar su narrativa. Desde ataques al presidente López Obrador, hasta espacios “informativos” que cuestionan la reforma al Poder Judicial y desacreditan al SAT, su maquinaria mediática actúa como escudo y ariete. Todo esto en medio de un contexto político donde la 4T promueve mayor equidad fiscal y combate a la evasión, incluso entre los empresarios más poderosos.
Esta no es la primera vez que Salinas Pliego se enfrenta con el SAT: tiene más de 30 juicios fiscales activos, varios por miles de millones de pesos. Lo que sí es nuevo es la creciente impaciencia de la ciudadanía ante este tipo de impunidad de cuello blanco.