En los últimos ocho días, más de 100 palestinos han sido asesinados por fuego israelí cuando intentaban obtener comida cerca de los centros de distribución en Gaza. Tan solo el martes 3 de junio, 27 personas murieron y más de 100 resultaron heridas cuando tanques, drones y helicópteros israelíes abrieron fuego cerca de la rotonda de Al Alam, próxima a uno de los centros de ayuda en la ciudad de Rafah, demarcada paradójicamente como una “zona segura” por el propio ejército de Israel.
La escena no es nueva. En múltiples ocasiones, las Fuerzas de Defensa de Israel han disparado contra multitudes hambrientas, justificando sus acciones con la presencia de “sospechosos” que, según sus comunicados, se desviaban de las rutas autorizadas. El patrón se repite: civiles indefensos, ayuda humanitaria restringida, y una ocupación militar que no distingue entre combatientes y población vulnerable. Para muchos analistas y organismos internacionales, estas acciones configuran un escenario de genocidio, con crímenes documentados que podrían constituir violaciones graves al derecho internacional humanitario.
Y sin embargo, pese a la crudeza de estos hechos y a la creciente presión internacional para sancionar a Israel o al menos retirar representación diplomática, México ha optado por mantener su relación bilateral intacta. Tanto el expresidente Andrés Manuel López Obrador como la actual presidenta Claudia Sheinbaum han reiterado la postura de “neutralidad activa”, expresando condena por la violencia, pero sin dar pasos diplomáticos contundentes. “Buscamos la paz”, ha dicho Sheinbaum, reiterando que el gobierno mexicano continuará sus esfuerzos a través de la mediación y la vía diplomática.
Pero esta neutralidad tiene bordes difusos y asimétricos. A diferencia del caso israelí, México sí rompió relaciones diplomáticas con Ecuador tras la violación de su embajada en Quito —un hecho grave, sin duda— y ha mantenido una política de congelamiento con Perú desde la destitución de Pedro Castillo, en un contexto de acusaciones de ilegitimidad contra la presidenta Dina Boluarte. Dos países latinoamericanos, con conflictos políticos severos pero internos, han merecido una respuesta dura y frontal. Israel, en cambio, responsable de un asedio militar que ha cobrado miles de vidas civiles y destruido buena parte de la infraestructura humanitaria en Gaza, permanece como un socio con quien “no se romperán relaciones”.
La pregunta entonces es inevitable: ¿por qué esta diferencia de trato?
La respuesta no es solo diplomática, sino también económica y geoestratégica. De acuerdo con la Secretaría de Economía, Israel es el mayor inversionista de Medio Oriente en México y el número 19 a nivel mundial, con una inversión acumulada de más de 2,200 millones de dólares. Compañías mexicanas como Orbia y Cemex han adquirido empresas en Israel, mientras que Bimbo y Rassini operan oficinas de innovación en su territorio. Además, existe una estrecha colaboración en áreas tecnológicas, militares y de inteligencia.
Israel representa también un aliado estratégico para Estados Unidos, socio comercial y político clave para México. Adoptar una postura frontal contra Tel Aviv implicaría un costo político alto para el gobierno mexicano, no solo por sus implicaciones diplomáticas, sino también por la posibilidad de tensar los vínculos indirectos con Washington.
Por el contrario, ni Perú ni Ecuador representan un riesgo geoestratégico significativo. Son países con los que México comparte una historia común, pero no una red densa de intereses económicos o tecnológicos. La ruptura con ellos, aunque polémica, no afecta seriamente la arquitectura diplomática o comercial del país.
La política exterior mexicana, históricamente guiada por los principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos, hoy navega en aguas turbias. Su respuesta ante las agresiones israelíes en Gaza parece más calculada que ética. Las condenas verbales, las llamadas a la paz y el apoyo a la ayuda humanitaria son gestos necesarios, pero insuficientes frente a la magnitud de la catástrofe en Palestina.
Mientras México se reserva el derecho de aplicar sanciones simbólicas contra gobiernos latinoamericanos que transgreden principios democráticos o diplomáticos, se muestra tibio ante un escenario que muchos organismos internacionales ya no dudan en calificar como un crimen de guerra en curso. Gaza arde, y la neutralidad mexicana, con sus matices, comienza a oler a complicidad por omisión.
