La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fijó postura ante las acusaciones emitidas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra funcionarios mexicanos, al señalar que cualquier acción en el país deberá sustentarse exclusivamente en pruebas válidas conforme a la legislación nacional.
Durante un posicionamiento leído esta mañana, la mandataria subrayó que la Fiscalía General de la República actuará únicamente si cuenta con elementos contundentes o si, en el desarrollo de sus propias investigaciones, encuentra indicios suficientes de delito. En ese sentido, insistió en que el proceso debe mantenerse dentro del marco jurídico mexicano.
Sheinbaum también cuestionó la actuación de las autoridades estadounidenses al hacer pública la acusación contra diversos actores políticos, entre ellos el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, al considerar que se vulneraron principios de confidencialidad establecidos en tratados internacionales.
“Lo he dicho siempre, de forma clara, y hemos actuado en consecuencia: nosotros no vamos a cubrir a nadie que haya cometido un delito. Sin embargo, si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones, por parte del Departamento de Justicia, es político”, leyó la mandataria mexicana.
De acuerdo con la presidenta, la Secretaría de Relaciones Exteriores recibió el 28 de abril solicitudes formales para la detención provisional con fines de extradición de diez ciudadanos mexicanos, mismas que fueron turnadas a la FGR un día después para su análisis, conforme a los procedimientos legales vigentes.
Sin embargo, señaló que el mismo 29 de abril, el Departamento de Justicia estadounidense hizo públicos los cargos, incluyendo un documento denominado “acusación de reemplazo bajo reserva”, lo que generó un extrañamiento por parte del área jurídica de la Cancillería debido a la naturaleza confidencial de este tipo de procesos.
La titular del Ejecutivo federal reiteró que su gobierno no encubrirá a ninguna persona que haya cometido un delito, pero advirtió que, en ausencia de pruebas claras, las imputaciones podrían responder a intereses políticos.
Finalmente, enfatizó que México no permitirá ningún tipo de injerencia extranjera en asuntos internos, particularmente en un contexto en el que también se discute la presencia de agencias estadounidenses en territorio nacional, como parte de la agenda de seguridad.
