La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la Fiscalía General de la República ya abrió una investigación sobre el operativo realizado en Chihuahua para desmantelar un narcolaboratorio, en el que participaron agentes de la CIA, al subrayar que “el pueblo de México tiene derecho a saber la verdad” y que el caso no se cierra con la renuncia de funcionarios.
Durante su posicionamiento, la mandataria dejó en claro que la salida del entonces fiscal estatal, César Jáuregui Moreno, no detiene las indagatorias. Señaló que se trata de un asunto de alto impacto que involucra el cumplimiento de la ley y el respeto a la soberanía nacional, por lo que corresponde a la FGR esclarecer completamente lo ocurrido.
Sheinbaum enfatizó que este caso trasciende posturas políticas y debe analizarse desde el marco legal vigente, ya que la participación de agentes extranjeros en operativos de seguridad dentro del país está regulada y no puede realizarse fuera de los canales institucionales.
“Tiene que cumplirse la ley. Le corresponde a la FGR hacer la investigación, pero se tiene que aclarar todo. No es menor tanto en la relación con Estados Unidos como en el cumplimiento de la ley”, sostuvo.
En el ámbito diplomático, la presidenta confirmó que México envió una nota de extrañamiento al gobierno de Estados Unidos, misma que fue respondida por la embajada, donde se manifestó la disposición de apegarse a la Constitución mexicana y a los acuerdos bilaterales en materia de seguridad. Reiteró que “a México se le respeta” y que este tipo de acciones corresponden exclusivamente a autoridades nacionales.
Asimismo, rechazó versiones que señalan una supuesta inacción de su gobierno, al asegurar que sí se tomaron medidas formales ante la participación de agentes extranjeros. También descartó, por ahora, la expulsión de personal de la CIA, al considerar que se trata de un hecho excepcional y no de una práctica sistemática.
Finalmente, la presidenta indicó que será la propia Fiscalía la que determine si participaron más agentes extranjeros en el operativo, y advirtió que también deberán investigarse posibles responsabilidades de autoridades mexicanas que hayan permitido o facilitado acciones contrarias a la Constitución y a la Ley de Seguridad Nacional.
