El incremento de casos de sarampión en México reactivó alertas sanitarias en varias entidades del país y puso bajo revisión el estado de la política nacional de vacunación. El brote, que tuvo uno de sus primeros focos relevantes en Chihuahua, evidenció fallas en la cobertura preventiva que posteriormente facilitaron la propagación del virus a otras regiones.
De acuerdo con reportes epidemiológicos federales, los primeros casos confirmados en Chihuahua se registraron en zonas con esquemas de vacunación incompletos. La entidad enfrentaba rezagos en la aplicación de la vacuna triple viral y una reducción en brigadas comunitarias encargadas de verificar cartillas y aplicar refuerzos. La detección tardía de contagios y la movilidad entre municipios favorecieron la transmisión.
El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que requiere coberturas superiores al 95 por ciento para mantener la inmunidad colectiva. Cuando la aplicación de vacunas disminuye o se distribuye de manera desigual, el riesgo de brotes aumenta. Informes del sector salud muestran que, tras la pandemia de COVID-19, varias entidades registraron descensos en esquemas completos de vacunación infantil.
En Chihuahua, según publicaciones periodísticas y reportes oficiales, personal sanitario reconoció desde julio de 2025 limitaciones operativas en la vigilancia epidemiológica y en la actualización de padrones. Las campañas intensivas no alcanzaron cobertura homogénea y se detectaron menores sin refuerzos aplicados. La situación derivó en cercos sanitarios y jornadas emergentes una vez confirmados los primeros contagios.
El movimiento de personas entre estados permitió que el virus se extendiera más allá de la entidad. Posteriormente, autoridades federales confirmaron casos en otras regiones del país, lo que obligó a activar protocolos nacionales de contención. Estos incluyeron notificación inmediata, rastreo de contactos y ampliación temporal de jornadas de vacunación.
Especialistas en salud pública señalan que el escenario nacional refleja una tendencia acumulada de rezagos. La disminución en brigadas territoriales, la fragmentación en la coordinación entre niveles de gobierno y la falta de campañas permanentes de comunicación influyeron en la caída de coberturas en distintas entidades. Chihuahua fue el primer foco visible de un problema más amplio.
A la falla anterior de Chihuahua, se suma la caída sostenida en las tasas de vacunación a lo largo de varios años, señaló el epidemiólogo Pablo Francisco Oliva Sánchez en un comunicado difundido por la UAM.
Explicó que durante la década de 1990 México registraba “coberturas cercanas al 95 por ciento con esquemas completos”, mientras que en el contexto del brote actual la cifra se ubica alrededor del 71 por ciento, “muy lejos del nivel requerido para mantener una enfermedad bajo control”.
La Secretaría de Salud federal informó que se reforzó la distribución de biológicos y se instruyó a las jurisdicciones sanitarias a intensificar la revisión de cartillas. También se establecieron metas de recuperación de esquemas en menores de cinco años y en población escolar.
Organismos internacionales han advertido sobre el aumento de casos de sarampión en diversos países, lo que incrementa el riesgo de importación del virus. En este contexto, México enfrenta el desafío de restablecer coberturas homogéneas y fortalecer la vigilancia epidemiológica en todo el territorio.
El brote que inició en Chihuahua funcionó como señal de alerta sobre la vulnerabilidad del sistema preventivo. La contención nacional dependerá de la rapidez con que se logren cerrar brechas de vacunación y de la capacidad institucional para sostener estrategias de prevención a largo plazo.
Además del impacto inmediato en salud pública, especialistas advierten que México podría poner en riesgo su estatus de país libre de sarampión, reconocimiento otorgado cuando se interrumpe la transmisión endémica del virus durante un periodo prolongado y bajo verificación internacional. Si los brotes se mantienen activos y se documenta transmisión sostenida, el país podría entrar en un proceso de revisión por parte de organismos regionales de salud.
La eventual pérdida de ese estatus implicaría mayores exigencias de vigilancia, posibles restricciones sanitarias y un impacto en la percepción internacional sobre el control epidemiológico nacional. También obligaría a reforzar de manera estructural los programas de inmunización y los mecanismos de reporte.
Autoridades federales han señalado que el objetivo es contener la transmisión antes de que se consolide como circulación continua. Para ello se requiere elevar coberturas en todos los estados, garantizar abasto suficiente de vacunas y mantener monitoreo permanente de casos sospechosos.
