Lo que fue un simple comentario lanzado en un consejo partidista privado terminó por agitar la arena política y mediática. El escritor y director del Fondo de Cultura Económica (FCE), Paco Ignacio Taibo II, lanzó una provocación intelectual al interior del VI Consejo Nacional de Morena: “¿Por qué no estamos discutiendo la nacionalización de TV Azteca por razones de salud nacional?”. La frase, expresada el pasado domingo 5 de mayo en una reunión cerrada, bastó para desatar una tormenta que alcanzó a la mismísima Presidencia de la República.
Este miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum se vio obligada a aclarar que el Gobierno de México no tiene intención alguna de nacionalizar medios de comunicación, incluyendo TV Azteca, propiedad del magnate Ricardo Salinas Pliego. Sin embargo, aprovechó para recordarle a este último una cuenta pendiente con el erario público: un adeudo de más de 63 mil millones de pesos al Servicio de Administración Tributaria (SAT), acumulado por diversas razones fiscales y litigios retrasados por años.
“Hay libertad de expresión, también el dueño de TV Azteca dice muchísimas cosas. Entonces no quiere decir que estemos de acuerdo con lo que dice Paco… No es nuestra intención lo que plantea Paco. No estamos pensando en la nacionalización de ninguna televisora”, subrayó Sheinbaum desde Palacio Nacional.
La reacción furiosa de Salinas Pliego
El comentario, que ni siquiera fue una propuesta formal, desató la furia de Salinas Pliego. En redes sociales, respondió con virulencia a Taibo II, lanzándole insultos personales:
«Díganme la verdad, ¿qué esperaban que dijera un puerco, pervertidor de menores, con esa cara y en un lugar rodeado de delincuentes que viven a costa de los mexicanos sin saciar su codicia?», escribió el empresario en su cuenta de X (antes Twitter).
El tono del mensaje provocó aún más reacciones en el espacio digital y mediático, ya que contrastó con la libertad de opinión que Sheinbaum defendió para ambos personajes: tanto para el escritor como para el empresario.
Sheinbaum contraataca con datos duros
La presidenta fue tajante al remarcar que su gobierno no censura opiniones, pero sí exige que todos, incluido Salinas Pliego, cumplan con sus responsabilidades fiscales.
“Lo que sí decimos es que pague sus impuestos, eso sí”, enfatizó Sheinbaum ante la prensa, provocando una nueva ola de reacciones sobre la multimillonaria deuda que el dueño de Grupo Salinas mantiene con el fisco.
De acuerdo con cifras oficiales del SAT, reveladas en marzo de 2024, el Grupo Salinas debe más de 53 mil millones de pesos por 17 juicios fiscales, la mayoría derivados del extinto Régimen de Consolidación Fiscal. A esto se suman otros 10 mil millones de pesos en créditos fiscales emitidos durante el sexenio de López Obrador, lo que eleva la cifra total a más de 63 mil millones de pesos.
El laberinto legal del Grupo Salinas
El SAT ha explicado que el conglomerado ha utilizado su estructura legal y recursos jurídicos para retrasar indefinidamente los pagos. En un caso particular iniciado en 2014, el proceso judicial se extendió por más de ocho años. Incluso llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde fue congelado en manos del ministro Luis María Aguilar Morales durante ocho meses, antes de ser devuelto a un tribunal colegiado para su resolución definitiva.
Este uso del sistema judicial para posponer el cumplimiento de obligaciones fiscales ha sido duramente criticado por funcionarios y ciudadanos, ya que exhibe las ventajas legales que los grandes grupos empresariales tienen frente a millones de contribuyentes que sí cumplen en tiempo y forma.
Un comentario que encendió el debate
La frase de Taibo II no fue parte de una propuesta formal ni se presentó en el Congreso o alguna instancia oficial. Fue apenas una “reflexión crítica”, como lo describieron asistentes al Consejo Nacional de Morena. El propio escritor matizó:
“No es que lo proponga, es que tenemos que conversar todos estos temas. ¿Por qué no estamos discutiendo estas medidas?”, preguntó ante la dirigencia morenista.
No obstante, la sola insinuación de tocar a TV Azteca –concesionaria desde 1993 del canal 13 de televisión abierta– desató una airada defensa empresarial, una réplica presidencial y, paradójicamente, colocó en el centro del debate un tema mucho más estructural: la evasión fiscal multimillonaria de los grandes conglomerados.
