La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, convirtió este martes su visita a instalaciones de la Fiscalía General de la República en la Ciudad de México en un acto político respaldado por la dirigencia nacional del PAN, desde donde acusó al Gobierno federal de intentar construir una persecución judicial en su contra.
Acompañada por el dirigente nacional panista, Jorge Romero Herrera, así como por legisladores y abogados vinculados al partido, Campos acudió a la sede de la FGR en la colonia Doctores para entregar un escrito relacionado con el citatorio emitido por autoridades federales dentro de las investigaciones sobre un operativo antinarcóticos realizado en Chihuahua, en el que participaron agentes estadounidenses.
Sin embargo, la mandataria estatal no compareció formalmente ante el Ministerio Público Federal ni rindió declaración, pese a que el citatorio establecía que debía presentarse en oficinas de la FGR ubicadas en Ciudad Juárez.
Durante el acto, la gobernadora sostuvo que las autoridades federales buscan “fabricarle un caso” y aseguró que fue citada bajo la figura de testigo con la intención de iniciar posteriormente una imputación penal en su contra.
“En México es evidente el uso político de las instituciones federales”, declaró Campos frente a simpatizantes y dirigentes panistas.
El líder nacional del PAN afirmó por su parte que el partido respaldará “con toda energía” a la mandataria chihuahuense y lanzó advertencias políticas al señalar que “nadie le va a tocar ni un pelo a la gobernadora”.
En tanto, el abogado Roberto Gil Zuarth aseguró que el citatorio carece de sustento jurídico y acusó una presunta persecución política contra la gobernadora.
La investigación federal se relaciona con la participación de agentes de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos en operativos desarrollados en territorio chihuahuense, tema que ha provocado confrontación política entre Morena y el gobierno estatal durante las últimas semanas.
El caso también derivó en solicitudes de juicio político promovidas por legisladores morenistas y en cuestionamientos sobre la actuación del gobierno estatal frente a la intervención de agencias extranjeras en tareas de seguridad dentro del país.
