La reciente entrega de Rafael Caro Quintero a Estados Unidos ha vuelto a poner en duda la legitimidad y confiabilidad del Poder Judicial en México. A pesar de la gravedad de los crímenes que se le imputan, incluido el asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena, un tribunal federal emitió, días antes de su extradición, una suspensión que prohibía su traslado bajo cualquier modalidad. Esta decisión, contradicha por su envío a Nueva York, ha desatado una ola de cuestionamientos sobre el papel del sistema judicial.
El gabinete de seguridad de México, dijo el 28 de febrero que las bases legales para cumplir la solicitud de Washington están en el artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional mexicana, que contempla como amenazas ―entre otros― a aquellos responsables de actos que “obstaculicen o bloqueen” operaciones militares o navales contra la delincuencia organizada. También se mencionó como fundamento el artículo 89 de la Constitución mexicana, que otorga a la presidenta de la República varias facultades, incluida la celebración de tratados internacionales.
De acuerdo con diversas publicaciones de medios de comunicación mexicanos durante este fin de semana, el Primer Tribunal Colegiado Penal de Toluca había resuelto, el 24 de febrero, que el gobierno mexicano no podía entregar a Caro Quintero sin que se concluyera su procedimiento de extradición y los recursos legales correspondientes. No obstante, la orden fue ignorada y su extradición se llevó a cabo.
Este episodio no es un hecho aislado. Se da en un contexto donde el Gobierno Federal ha insistido en que existen redes de corrupción dentro del Poder Judicial que buscan liberar a capos del narcotráfico. En días recientes, la administración federal ha señalado que jueces estaban preparando la excarcelación de algunos de los 29 narcotraficantes extraditados a Estados Unidos, lo que ha servido de argumento para justificar las entregas rápidas bajo el pretexto de la seguridad nacional.
El problema de fondo es la desconfianza en la impartición de justicia. Si bien el Gobierno acusa a jueces de operar en favor de criminales, la extradición de Caro Quintero en contra de un fallo judicial también deja en evidencia el uso político de la justicia. La falta de transparencia y la opacidad en los procesos judiciales han permitido que la percepción de corrupción en el sistema judicial siga creciendo, generando una crisis de legitimidad que mina la confianza de la ciudadanía en las instituciones.
Justicia selectiva y presiones internacionales
El caso Caro Quintero refleja, además, la influencia que Estados Unidos sigue teniendo en las decisiones del Gobierno mexicano en materia de justicia. La presión de la administración de Donald Trump para acelerar la entrega del capo parece haber sido un factor determinante en su extradición, a pesar de los amparos que tenía a su favor. El narcotraficante, consciente de ello, promovió un amparo el 21 de enero, un día después de la toma de posesión de Trump, buscando frenar su entrega, y el Poder Judicial le otorgó una protección.
El Poder Judicial de México enfrenta una creciente crisis de credibilidad, agravada por la liberación de al menos 72 líderes y operadores de la delincuencia organizada entre enero de 2022 y enero de 2025. Según datos obtenidos vía transparencia por el diario El Universal, estas decisiones judiciales han beneficiado a diversos grupos criminales a través de cambios de medidas cautelares, sentencias absolutorias y libertades provisionales o anticipadas.
De acuerdo con la información revelada hace unas semanas, la organización delictiva más favorecida ha sido el Cártel del Golfo. Al menos una docena de sus miembros ha obtenido su libertad gracias a fallos judiciales cuestionables. Entre los casos más relevantes se encuentra el de Mario Alberto Cárdenas Medina, alias El Betito, quien recibió una sentencia absolutoria que le permitió salir de prisión.
El desglose de los beneficios judiciales para los integrantes de esta organización incluye tres cambios de medida cautelar, dos libertades anticipadas y una sentencia absolutoria. Estas resoluciones han generado un fuerte debate sobre la presunta corrupción en el Poder Judicial y su posible colusión con el crimen organizado.
El deterioro del Estado de derecho
El conflicto entre el Ejecutivo y el Poder Judicial ha escalado en los últimos meses, con la administración federal denunciando una supuesta red de corrupción entre jueces y magistrados. Sin embargo, el hecho de que se haya ignorado un fallo judicial para proceder con la extradición de Caro Quintero plantea una paradoja: si el Gobierno descalifica a los jueces por liberar criminales, ¿por qué se permite saltarse sus resoluciones cuando conviene a sus intereses?
El deterioro del Estado de derecho en México no solo se refleja en la falta de confianza en las instituciones, sino en la constante pugna entre poderes que desvirtúa la credibilidad del sistema judicial. La justicia, cuando es aplicada con discrecionalidad y en función de intereses políticos, deja de ser justicia y se convierte en un instrumento de conveniencia.
