En un país asolado por la violencia, la impunidad ha encontrado uno de sus mayores aliados en el propio sistema judicial. Mientras las fuerzas de seguridad arriesgan la vida para detener a peligrosos criminales, una serie de resoluciones judiciales han desmantelado esos esfuerzos con una facilidad que escandaliza. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó en la Mañanera de ayer jueves, que más de 100 delincuentes —en su mayoría vinculados al crimen organizado— han sido liberados por decisiones judiciales tomadas entre 2024 y lo que va de 2025.
La cifra es alarmante: 193 resoluciones judiciales —muchas sin sustento claro o ignorando criterios de seguridad pública— han favorecido a presuntos delincuentes mediante traslados, cambio de medidas cautelares o liberaciones definitivas. Esta dinámica, lejos de ser anecdótica, es ya una constante que expone los vicios estructurales de un Poder Judicial que actúa, en no pocos casos, más como cómplice que como contrapeso de la violencia criminal.
“No se puede aceptar que quienes tienen la responsabilidad de garantizar justicia actúen para soltar a quienes agreden a la sociedad”, expresó Harfuch en conferencia de prensa. Entre los casos más graves, señaló al juez Gregorio Salazar, quien ha beneficiado en múltiples ocasiones a miembros del cártel del Golfo. En marzo de 2024, por ejemplo, dictó auto de no vinculación a proceso contra Juan Enrique N, presunto operador de dicha organización; en noviembre revocó la prisión preventiva a José Alfredo N, alias El Contador, sobrino del narcotraficante Osiel Cárdenas Guillén.
No se trata de errores aislados, sino de un patrón sistemático que también ha sido denunciado por el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, quien advirtió que existen conductas judiciales que podrían configurar delitos contra la administración de justicia. “Lo más grave —denunció— es que no podemos proceder porque hay un acuerdo interno que impide procesar a un juez sin autorización del propio Poder Judicial”.
Este mecanismo de autoprotección interna, donde los jueces solo pueden ser investigados si así lo decide su propio órgano de gobierno, ha sido señalado por múltiples actores como un obstáculo para la rendición de cuentas. La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, cuestionó: “¿Por qué no hay críticas a lo que ocurre hoy en el Poder Judicial? Jueces están liberando a criminales peligrosos y la oposición guarda silencio”.
Sheinbaum reiteró que la reforma al Poder Judicial no es autoritaria, sino necesaria. Argumentó que la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial permitiría sancionar estas conductas que hoy quedan impunes. “Lo que proponemos es que haya consecuencias. Hoy, un juez puede justificar la absolución de un criminal simplemente diciendo: ‘Eso consideró mi compañero’”, afirmó.
El caso del juez Enrique Hernández Miranda, de Sonora, es paradigmático. Encabeza la lista de jueces que, con 58 resoluciones, han favorecido con cambio de medidas cautelares a personas privadas de la libertad. Le sigue Aníbal Castro Borbón, también de Sonora, con 15 resoluciones similares. De acuerdo con Harfuch, entre octubre de 2024 y abril de 2025, fueron liberadas 26 personas vinculadas con cárteles como Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, Los Zetas, La familia michoacana y Los Rojos.
Además, 27 traslados irregulares de reos peligrosos fueron autorizados por 18 jueces, entre ellos Silvestre Peña Crespo, quien ordenó cinco movimientos entre centros penitenciarios, a pesar de las objeciones de la Subsecretaría de Prevención y Reinserción Social. Entre los reos trasladados figuran secuestradores, homicidas y sujetos acusados de corrupción de menores.
Uno de los casos más indignantes fue el de Nabor N, alias El Camaleón, jefe de plaza de La familia michoacana, quien obtuvo su libertad gracias a una jueza de Guerrero. A pesar de estar relacionado con el secuestro de siete agentes de seguridad en 2009, fue liberado por una decisión judicial que aún no ha sido explicada públicamente.
La impunidad ha alcanzado niveles escandalosos: el 10 de abril de 2025, Francisco Javier N, alias M-60, acusado de delincuencia organizada y secuestro, fue absuelto por un juez, dejando en total indefensión a las víctimas. Cinco días después, el líder del cártel del Golfo, Nicolás Armando N, también fue absuelto de delitos similares.
A la luz de estos hechos, resulta difícil sostener que el sistema judicial actual funcione en beneficio de la ciudadanía. La narrativa conservadora que defiende “la autonomía judicial” choca con una realidad donde esa autonomía ha sido, muchas veces, sinónimo de complicidad, encubrimiento y corrupción.
Mientras no haya consecuencias reales para los jueces que favorecen al crimen, cualquier intento de pacificación quedará truncado. La reforma judicial no es una amenaza a la democracia: es una respuesta urgente a un sistema que hoy, más que justicia, garantiza impunidad.
