El Congreso del Estado de Chihuahua volvió a exhibir su rostro más conservador y retrógrado al dejar fuera de la orden del día la votación sobre matrimonios igualitarios, pese a que el dictamen ya estaba concluido y existía un compromiso previo con colectivos y legisladores para llevar el tema al Pleno. La decisión volvió a colocar a Chihuahua entre las entidades más atrasadas del país en materia de derechos civiles.
La exclusión del tema provocó críticas contra el bloque prianista que domina el Poder Legislativo y contra el gobierno encabezado por María Eugenia Campos Galván, señalado constantemente por mantener una agenda política alineada con sectores ultraconservadores que siguen frenando derechos reconocidos desde hace años en México.
El coordinador de Morena en el Congreso local, Cuauhtémoc Estrada, recordó que la iniciativa lleva 16 años congelada y cuestionó que Chihuahua continúe, junto con Aguascalientes, como uno de los únicos estados sin una legislación plenamente armonizada en materia de matrimonio igualitario.
“Bajo criterios sumamente rebasados seguimos oponiéndonos a que personas que deciden unirse no tengan formalmente en la legislación un respaldo. Ya es una aberración no hacerlo”, declaró el legislador.
Estrada denunció además que la semana pasada existió un acuerdo entre las fracciones parlamentarias y representantes de la comunidad LGBT para que primero se emitiera el dictamen y posteriormente fuera votado este martes en el Pleno, situación que finalmente no ocurrió.
“¿Por qué razón el dictamen ya preparado, que no le falta ni una coma, no está en el orden del día?”, cuestionó.
La postergación volvió a confirmar que en Chihuahua los derechos humanos continúan subordinados a cálculos políticos, presiones religiosas y posturas ideológicas propias de otra época. Mientras la mayoría del país avanzó hace años en el reconocimiento legal de las uniones entre personas del mismo sexo, el Congreso local insiste en mantener congelada una discusión que jurídicamente ya fue resuelta por la Suprema Corte.
El legislador advirtió además que otro de los temas que incomodó al bloque oficialista fue el punto de acuerdo promovido por la diputada Ortega para que la gobernadora comparezca como testigo ante autoridades federales, tal como fue citada recientemente por la Fiscalía General de la República.
Así, entre evasivas legislativas y maniobras políticas, el Congreso de Chihuahua volvió a enviar el mensaje de que los derechos civiles y la legalidad siguen siendo secundarios frente a los intereses del conservadurismo que controla el estado.
