En el corazón de Chihuahua, el aire parece pesar más estos días de frío. La gobernadora, María Eugenia Campos Galván, se ha visto envuelta desde el año pasado en un escándalo que no solo sacude la política local, sino que también pone en tela de juicio el delicado equilibrio entre la moralidad, el poder y la transparencia.
De acuerdo con documentos oficiales, durante su mandato, la gobernadora ha favorecido con contratos millonarios a las empresas de su prometido, Víctor Cruz Russek, y a varios de sus familiares. Este hombre, cuya familia posee algunas de las distribuidoras de vehículos más importantes de la región, ha sido el beneficiario de al menos 110 contratos que suman más de 315 millones de pesos. Con cada firma, con cada adjudicación, se destila el veneno del favoritismo, esa sombra que, como un monstruo silencioso, se extiende por los pasillos del poder.
La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, unirá su vida en matrimonio el sábado 25 de enero con el empresario automotriz.
Diversas fuentes cercanas a la mandataria y al empresario confirmaron que la boda se llevará a cabo este fin de semana, consolidando una relación que se hizo pública en abril de 2023. Campos anunció su compromiso en marzo pasado ante los medios de comunicación.
“Estoy muy feliz, muy enamorada, porque creo que es un complemento”, expresó la gobernadora en aquella ocasión mientras mostraba el anillo de compromiso que Cruz Russek le entregó.
Los contratos millonarios
El contrato más reciente de esta serie fue adjudicado el pasado 9 de enero de 2025 a la empresa Tu Mejor Agencia Automotriz, por un monto de 5 millones 255 mil 844 pesos. El acuerdo incluyó la adquisición de 12 vehículos tipo pick-up con tracción 4×2 destinados a la Secretaría de Desarrollo Rural, conforme al procedimiento SH/LPE/086/2024.
En documentos oficiales disponibles en los portales digitales de las secretarías estatales, se evidencia que, a pesar de la participación de otras empresas en las licitaciones, estas no han tenido oportunidad de resultar favorecidas.

Empresas relacionadas con el novio de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, y sus familiares han recibido contratos por sumas millonarias, lo que ha generado críticas y cuestionamientos por un posible conflicto de interés en la administración estatal.
Entre las empresas favorecidas se encuentra una agencia automotriz que obtuvo 36 contratos por un monto de más de 149 millones de pesos. Otras compañías vinculadas al mismo círculo cercano acumularon decenas de contratos adicionales, con montos que superan los 54 millones en un caso y los 55 millones en otro, además de asignaciones menores que también han levantado sospechas.
Estos contratos han sido asignados para la adquisición de vehículos y otros servicios relacionados, lo que ha encendido las alarmas entre sectores políticos y sociales que demandan mayor transparencia en el manejo de los recursos públicos y una investigación exhaustiva sobre estas adjudicaciones.
El relato de esta historia, tan contemporánea como atemporal, nos lleva a pensar en las lecciones que la política nos ha enseñado a lo largo del tiempo: los lazos familiares y sentimentales, lejos de ser inocentes, se entrelazan con los hilos del poder, y al final, como siempre ocurre, el que sale ganando es el que sabe jugar con ellos. Aquí, la figura de Maru Campos, rodeada de esos rumores, casi como una presencia etérea que se desliza en la sala de juntas, parece seguir una estrategia conocida, una vieja receta de ambición política. En su caso, la trama no es solo de poder, sino de afecto: el de una mujer que, para asegurarse de que sus decisiones se entiendan como legítimas, teje su destino a la sombra de un compromiso matrimonial.
No obstante, la gobernadora ha logrado, con una calma que raya en lo inquebrantable, minimizar la polémica. Su relación con el empresario, su futura unión matrimonial, es apenas una parte de la narrativa oficial. No ha tenido reparos en reiterar su compromiso con él, no solo en el ámbito privado, sino también en el público, en un intento por tranquilizar las aguas turbulentas. Pero lo que parece ser una cuestión privada no es más que la punta del iceberg. El tejido de su relación con Cruz Russek, ese delicado entrelazado de intereses personales y gubernamentales, se ve reflejado en la desconfianza de quienes creen que lo personal ha invadido lo público.
Este entramado nos recuerda a las intrincadas relaciones de poder que nos ofrece la televisión, sobre todo las que protagonizan los personajes de House of Cards. Frank y Claire Underwood, como los Campos y Cruz Russek, parecen no tener límites cuando de obtener poder se trata. La política para ellos no es un asunto de ideales, ni siquiera de principios; es un juego, una danza donde las reglas se flexibilizan y los valores se diluyen. Ambos, los Underwood, se valen de sus relaciones, de sus cómplices, para avanzar en un sistema que no tiene espacio para la duda ni para la moral. En su mundo azul, el fin justifica los medios, y las decisiones personales se convierten en herramientas políticas.

En la vida de los Underwood, cada traición, cada relación, cada movimiento es un cálculo frío, pero necesario. De la misma forma, Campos Galván, al igual que Claire Underwood, maneja su carrera política con una ambición que no distingue entre lo correcto y lo conveniente. En la medida en que se acerca el día de su matrimonio con Cruz Russek, la imagen de la gobernadora se va disolviendo en una serie de sombras y luces, en una confusión de intereses que ya no es posible ignorar. A través de los contratos, de las adjudicaciones, se refleja un juego en el que los actores se conocen bien: ella, al frente del poder político; él, al frente de una familia con intereses económicos.
En este escenario, el conflicto de interés no solo es evidente; es el eje central que mueve el relato. Es un conflicto que se disfraza de amor, de promesas de futuro, pero que oculta la realidad de un poder que se alimenta de sus propios intereses. La falta de investigaciones por parte de las instituciones que deberían velar por la transparencia —la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior del Estado, la Fiscalía Anticorrupción— refleja una impunidad que resulta más peligrosa que cualquier otro acto de corrupción, porque no solo permite que los actos ilícitos sigan ocurriendo, sino que los encubre, los legitima.

No cabe duda que en la vida real, como en la ficción, el poder tiene muchas formas, pero pocas tan insidiosas como aquellas que se funden con lo personal. En Chihuahua, como en Washington, el precio del poder se paga con la moralidad y, a veces, con el futuro de una sociedad entera.