La controversia por el despliegue de la Guardia Nacional en California dio este jueves un giro decisivo: un panel de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito suspendió el fallo de un juez federal que, la semana pasada, había retirado al presidente Donald Trump el mando sobre los efectivos enviados a Los Ángeles tras las protestas ocasionadas por las redadas migratorias. La medida mantiene el control operacional en manos de la Casa Blanca mientras el litigio continúa.
De acuerdo con medios estadounidenses, la resolución —adoptada por dos magistrados nombrados por Trump y uno designado durante la administración Obama— congela la victoria obtenida por el gobernador Gavin Newsom, quien impugnó la activación de la tropa sin consentimiento estatal. Para el demócrata, el presidente se excedió en sus facultades al invocar la ley de 1795, que permite federalizar a la Guardia Nacional “en casos de rebelión”. El juez de distrito Charles Breyer coincidió con esa interpretación al sostener que las manifestaciones “no equivalen a una insurrección”; sin embargo, la opinión quedó en suspenso apenas cuatro días después.
Según el sitio digital Times Union, en su dictamen de 18 páginas, el tribunal de apelaciones subraya que los presidentes gozan de “amplio margen de discreción” para determinar cuándo existe un riesgo a la seguridad interior y advierte que una intervención judicial temprana “podría socavar la capacidad del Ejecutivo para responder con rapidez”. Con la pausa, la Guardia Nacional de California —unos mil 200 soldados desplegados en cuatro condados— permanecerá bajo cadena de mando federal al menos hasta que la corte decida sobre el fondo del asunto, un proceso que podría extenderse varios meses.
Aunque el contingente se limitó a tareas de vigilancia en estaciones de transporte y edificios federales, expertos consideran que el caso puede redefinir los límites del poder presidencial para emplear fuerzas estatales dentro del país. “No se trata solo de California: esto sienta precedente para cualquier conflicto entre la Casa Blanca y un gobernador”, explica la profesora Martha Benavides, especialista en derecho constitucional de la Universidad de Georgetown.
Medios de Los Ángeles, difundieron que Newsom calificó el dictamen como “un retroceso temporal” y prometió llevar el caso hasta la Suprema Corte si fuera necesario. “Nuestra posición es clara: la seguridad pública no puede usarse como herramienta política ni soslayar la autoridad estatal”, afirmó en un comunicado difundido horas después de conocerse la noticia.
