Mientras el Congreso aplaudía al unísono y coreaba “USA, USA”, como si se tratara del desenlace de un campeonato, se aprobaba una de las leyes más polémicas y regresivas de los últimos tiempos en Estados Unidos. Bajo la bandera del crecimiento económico y la reducción fiscal, el gobierno de Donald Trump logró concretar una reforma que, según expertos y organismos no partidistas, representa una de las mayores transferencias de riqueza de las clases trabajadoras hacia las élites económicas en la historia del país.
De axcuerdo con medios estadounidenses, este paquete legislativo, promovido por la administración republicana y bautizado por Trump como “el más grande y hermoso jamás aprobado”, recorta de manera histórica los fondos destinados a programas de salud y alimentación para personas en situación vulnerable. Paralelamente, multiplica el presupuesto para militarizar la frontera, aumentar detenciones y deportaciones, y endurecer la persecución contra migrantes.
El discurso oficial presenta esta legislación como un impulso para la economía y una reducción generalizada de impuestos. Sin embargo, el análisis de la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) contradice ese optimismo: más de 17 millones de personas perderán su cobertura médica —principalmente por el desmantelamiento parcial de Medicaid— y cerca de un millón de menores quedarán sin asistencia alimentaria.
Además, la ley impone un nuevo impuesto a las remesas y contempla la contratación de 18 mil nuevos agentes para el ICE y la CBP, así como miles de millones de dólares adicionales para la construcción del muro fronterizo y para centros de detención. Medidas que, lejos de resolver el déficit federal, lo incrementarán entre 3.3 y 4 billones de dólares, según proyecciones independientes.
A pesar de los datos, la retórica del gobierno se mantiene enfocada en la narrativa del enemigo externo. “Lo que llevará a este país a la bancarrota no son los recortes a Medicaid, sino los inmigrantes ilegales y los beneficios que reciben”, justificó el vicepresidente J.D. Vance. Sin embargo, la misma CBO estima que de los 12 millones de personas que perderán el seguro médico, solo 1.2 millones son inmigrantes, en su mayoría con estatus legal.
El impacto será especialmente severo en zonas rurales de estados republicanos como Luisiana, Missouri y Texas, donde cientos de miles de personas perderán el acceso a servicios médicos. El Yale Budget Lab estima que el 20% más pobre de la población verá reducidos sus ingresos, mientras el 20% más rico se beneficiará con un incremento promedio de 5 mil 700 dólares anuales.
Frente a este panorama, legisladores progresistas han comenzado a organizar protestas frente a hospitales y centros de atención que podrían cerrar en los próximos meses.
Para el senador Bernie Sanders, la nueva legislación es un síntoma del rumbo que está tomando Estados Unidos: “el país más rico del mundo está retirando comida de los niños para financiar más lujos a los obscenamente ricos”.
En un momento en el que el país conmemora su independencia, la administración Trump celebra un triunfo que, paradójicamente, representa una declaración de dependencia: la de millones de familias que quedarán a merced de la caridad o el abandono, mientras unos pocos celebran con cuentas bancarias más abultadas.
Shienbaum critica el plan fiscal
La presidenta Claudia Sheinbaum expresó su rechazo al plan fiscal aprobado en Estados Unidos, propuesto por Donald Trump, que destina 170 mil millones de dólares a reforzar la seguridad fronteriza y construir cárceles como la llamada Alcatraz-Caimanes.
“No estamos de acuerdo con una visión punitiva”, afirmó. Señaló que la migración debe atenderse desde sus causas estructurales y mediante cooperación para el desarrollo.
Criticó que criminalizar a los migrantes es inhumano y advirtió que podría afectar la economía de EU., donde miles de latinoamericanos trabajan en sectores esenciales.
