El Poder Judicial y el Legislativo de Chihuahua se encuentran envueltos en una serie de escándalos que evidencian cómo los vínculos familiares pueden socavar la confianza pública en las instituciones. En los últimos 30 días, casos protagonizados por los parientes de funcionarios electos han encendido la alerta sobre posibles conflictos de interés y tráfico de influencias en la entidad.
En el ámbito judicial, la magistrada Nancy Josefina Escárcega Valenzuela se encuentra bajo investigación por parte del Tribunal de Disciplina del Poder Judicial (TDJ) debido a su presunta intervención para favorecer a su hermano, Édgar Herman Escárcega Valenzuela, quien enfrenta condenas por secuestro de 27 y 37 años en dos procesos penales distintos.
El mes pasado, Édgar recibió un beneficio de cambio de medida cautelar que le permite cumplir su sentencia bajo régimen de semilibertad cinco días a la semana, regresando al reclusorio solo los fines de semana. Este tipo de decisiones debería ser imposible de condicionar por lazos familiares, pero la sospecha de tráfico de influencias ha sido suficiente para que organizaciones como el Colegio de Abogados en Defensa de la Cuarta Transformación y el Observatorio Ciudadano denuncien posibles actos de corrupción y abuso de poder.
La gravedad del asunto se amplifica al considerar que la magistrada está casada con Francisco Sánchez Villegas, diputado local de Movimiento Ciudadano. Diputados de Morena han señalado que esta relación podría haber generado presión política sobre el juez de control Juan Carlos Erives Fuentes, también recién electo, para modificar las medidas contra Édgar Herman.
De confirmarse estas irregularidades, estaríamos ante un caso claro de conflicto de intereses que pone en entredicho la independencia judicial y la credibilidad del Poder Judicial de Chihuahua.
De acuerdo con publicaciones periodísticas, el antecedente penal de Édgar Herman es contundente. Procesado desde 2005 por secuestro agravado y privación ilegal de la libertad, las sentencias acumuladas de 64 años deberían mantenerlo recluido hasta, al menos, 2050. La concesión de semilibertad, frente a estas circunstancias, plantea dudas sobre la transparencia del proceso y la equidad en la aplicación de la ley. La Fiscalía del Estado ya presentó una apelación, rechazando la modificación de la condena, lo que evidencia que incluso dentro del sistema legal existen voces que cuestionan la legitimidad de esta decisión.
En paralelo, el Legislativo de Chihuahua también ha sido escenario de controversia por asuntos familiares que recuerdan que el poder político no siempre se separa de los privilegios personales. Fernando R.G., hermano del presidente del Congreso local, Guillermo Ramírez, fue vinculado a proceso por homicidio calificado en grado de tentativa y lesiones calificadas, luego de un altercado armado en una funeraria de Parral. La audiencia, que se prolongó más de diez horas, permitió que la Fiscalía presentara pruebas sólidas sobre la probable participación de Fernando, pero la conexión familiar con un funcionario de alto rango inevitablemente genera sospechas de influencia indebida o de impunidad selectiva.
Estos casos ponen en evidencia la vulnerabilidad de la administración legislativa frente a posibles conflictos de interés, ya que el hecho de que un pariente directo del presidente del Congreso esté involucrado en un delito grave genera presión política sobre el procedimiento judicial y, aunque formalmente se deslindan del caso, la percepción pública de privilegio permanece. También, muestra cómo la política familiar puede diluir la rendición de cuentas: cuando los actores públicos son juzgados por los actos de sus familiares, se mezcla la esfera privada con la institucional de manera peligrosa, generando un efecto corrosivo sobre la confianza ciudadana.
Lo que estos incidentes revelan que en Chihuahua los poderes público y legislativo parecen ser permeables a las influencias familiares, lo que amenaza la integridad institucional. Además, la coincidencia de escándalos en ambos poderes refleja debilidades estructurales en los mecanismos de control y rendición de cuentas, así como la vulnerabilidad del sistema frente a conflictos de interés que involucran a familiares de servidores públicos.
La ciudadanía espera instituciones que actúen con imparcialidad, sin permitir que relaciones personales definan decisiones legales o políticas. Es imposible que cada caso de tráfico de influencias que sale a la luz no erosione la confianza en la justicia y la gobernabilidad. ¿Chihuahua está preparado para enfrentar sus propios problemas de corrupción y nepotismo?
Mientras los procesos judiciales y legislativos siguen su curso, se tiene que demostrar que el poder no es un medio para proteger a familiares y allegados, sino una herramienta para servir al interés público y garantizar justicia sin privilegios.
En definitiva, la historia reciente de los poderes de Chihuahua muestra que la política y la justicia, cuando se mezclan con vínculos familiares, generan un cóctel de impunidad potencial que la ciudadanía no puede ni debe tolerar.
