El Gobierno federal estadounidense planea convertir tres enormes almacenes en un centro de detención migratoria, en Socorro, Texas, luego de que se reveló que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) cerró en secreto una compra por 122.8 millones de dólares.
De acuerdo con Associated Press, la adquisición sorprendió a las autoridades locales. “Nadie del gobierno federal se molestó en levantar el teléfono”, reclamó el alcalde Rudy Cruz Jr., al enterarse de que los 76 mil metros cuadrados adquiridos en su comunidad —ubicada a orillas del río Bravo, o Río Grande para Estados Unidos— formarían parte de la expansión nacional del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Al menos 20 comunidades han sido objetivo de una estrategia que contempla la compra o arrendamiento de grandes naves industriales para reconvertirlas en centros de detención. Según documentos oficiales, el ICE proyecta aumentar su capacidad hasta 92 mil camas, con una inversión que supera los 38 mil millones de dólares.
Intentan frenar al ICE
Según El Paso Times, el Ayuntamiento de Socorro aprobó el pasado 13 de febrero una moción para iniciar una investigación encaminada a frenar la instalación de un nuevo centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) dentro de los límites de la ciudad.
La decisión se tomó durante una sesión extraordinaria celebrada el miércoles 11 de febrero, convocada ante la creciente preocupación de residentes por el proyecto federal. La instalación, de concretarse, tendría capacidad para albergar hasta 8 mil 500 personas, lo que la convertiría en una de las más grandes de la región.
El alcalde Rudy Cruz Jr. informó que el Cabildo instruyó al personal municipal a analizar alternativas legales y elaborar una posible ordenanza que prohíba este tipo de instalaciones en la ciudad. “Mi consejo ha solicitado que nuestro personal investigue y prepare una ordenanza que impida completamente la instalación de estos centros de detención en Socorro”, declaró.
Las autoridades locales advirtieron que el proyecto podría ejercer presión sobre servicios públicos ya limitados. Entre las principales inquietudes se encuentran la capacidad del sistema de agua potable, la red de alcantarillado y el suministro eléctrico, infraestructura que, según señalaron, no fue diseñada para soportar una instalación de tal magnitud.
La moción marca un posicionamiento formal del gobierno municipal frente al plan federal y anticipa posibles disputas legales en torno al uso de suelo y la autonomía local.
El patrón logísitico
Las autoridades municipales de Arizona, Georgia, Pensilvania y Nueva Jersey reportan un patrón similar, ya que hay compras cerradas sin previo aviso y confirmadas, en varios casos, por reporteros o registros de propiedad. En Upper Bern Township, Pensilvania, el ICE pagó 87.4 millones de dólares por un “centro logístico de última generación” sin notificar a los comisionados locales, quienes temen perder más de 800 mil dólares anuales en impuestos.
El DHS rechaza que se trate de simples “almacenes” y asegura que serán instalaciones que cumplen con estándares federales. Sin embargo, el uso de contratos militares ha permitido avanzar con rapidez y bajo márgenes de confidencialidad inusuales, según dijeron a AP expertos en derecho administrativo.
En comunidades como Social Circle, Georgia, o Surprise, Arizona, las inquietudes se centran en el impacto sobre el agua, el alcantarillado y la infraestructura urbana. En algunos casos, los análisis federales consideran plantas de tratamiento aún inexistentes.
Desde la llegada de Donald Trump a la presidencia, la población detenida por el ICE aumentó de 40 mil a 75 mil personas en más de 225 sitios. La expansión, financiada tras un aumento sustancial del presupuesto del DHS, ha provocado tensiones incluso en localidades que respaldaron la agenda antimigratoria.
