En la era de Donald Trump, la política migratoria dejó de ser un asunto técnico o diplomático y se convirtió en una cruzada ideológica. Para el expresidente, toda expresión de apertura hacia los migrantes —ya sean ciudades santuario, normativas locales de protección o protocolos federales humanitarios— era vista como una amenaza directa a su proyecto político. Incluso los niños y adolescentes no acompañados fueron blanco de su ofensiva.
La última directiva de su administración, revelada por funcionarios de Seguridad Nacional, instruyó a los agentes fronterizos a preguntar a adolescentes migrantes entre 14 y 17 años si desean salir “voluntariamente” del país. Esta medida implicaba una ruptura con el protocolo establecido que, hasta entonces, obligaba a entregar a estos menores al Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), responsable de su cuidado. Con esta disposición, se da paso a una política que presiona a menores no acompañados —algunos apenas adolescentes— a decidir sobre su deportación, sin asesoría legal ni acompañamiento familiar.
La medida refleja un endurecimiento de las deportaciones, y un claro desprecio por los derechos de la infancia migrante. Bajo el argumento de “eficiencia” y “control”, Trump eliminó los filtros de protección y colocó la voluntad institucional por encima del interés superior del menor. Incluso estableció que, si el ICE no recogía al menor deportable en 72 horas, se transferiría al HHS, lo que representa una lógica de desecho humano más que de protección.
Pero el alcance de su ofensiva antimigrante no se limitó a los menores. Trump demandó a la ciudad de Nueva York por sus políticas de “ciudad santuario”, acusándola de obstruir la aplicación de la ley federal. En una acción legal presentada por el Departamento de Justicia, el gobierno federal atacó frontalmente las medidas que impiden a la policía local colaborar con las autoridades migratorias. Según los abogados de Trump, Nueva York lleva años a la “vanguardia” de la resistencia legal a sus políticas, y sus acciones se han intensificado.
La demanda forma parte de una serie de litigios similares contra gobiernos locales demócratas —como Los Ángeles, Colorado, Illinois y Nueva Jersey— que se han rehusado a permitir que sus policías se conviertan en extensiones del ICE. Trump no solo buscó aplicar su política migratoria, sino que se empeñó en castigar toda oposición institucional a ella.
El caso de Nueva York es simbólico. Desde 1989, la ciudad ha adoptado medidas para proteger a los migrantes, políticas que se ampliaron en 2014 bajo el mandato de Bill de Blasio, quien cerró una oficina del ICE en Rikers Island. Para Trump, estas acciones no solo eran errores políticos, sino una afrenta personal a su poder.
