La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó este jueves que la disputa por las concesiones de agua en Chihuahua, particularmente las vinculadas a la familia LeBaron, expone “un problema histórico de acaparamiento, corrupción y privilegios heredados del pasado”, por lo que urgió a poner en marcha la nueva Ley de Aguas para ordenar el uso del recurso en zonas donde la escasez es crítica.
La presidenta estará en la Sierra de Chihuahua en una gira de trabajo este sábado.
Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria fue interrogada sobre las autorizaciones entregadas por Alex LeBaron cuando fungió como delegado de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Chihuahua. Según explicó, aquellas asignaciones habrían sido otorgadas a su propio grupo familiar, en condiciones “abiertamente irregulares y contrarias al interés público”.
“Imagínese: un delegado que se da a sí mismo y a su familia concesiones ilegales. Eso refleja los privilegios de un modelo que ya no puede continuar”, señaló.
Sheinbaum insistió en que el objetivo central del nuevo marco legal es impedir que este tipo de prácticas se repitan y, al mismo tiempo, reorganizar el acceso al agua para garantizar el derecho humano al recurso en comunidades que hoy enfrentan una presión extrema por la sequía. En Chihuahua —subrayó— existen regiones donde “simplemente ya no alcanza” debido al uso ineficiente y a la concentración de pozos en pocas manos.
La presidenta destacó que la resistencia a las reformas hídricas proviene, precisamente, de sectores que han mantenido un control desproporcionado sobre el líquido. “Por eso muchos se opusieron a la ley: porque busca poner orden”, dijo.
No obstante, Sheinbaum aclaró que el proceso no implicará acciones unilaterales. Adelantó que su gobierno propiciará mesas de trabajo para revisar cada caso, verificar la legalidad de los pozos, evaluar la posibilidad de sustituir cultivos que requieren grandes volúmenes de agua y, en el caso de actividades industriales, analizar reubicaciones o ajustes operativos que permitan despresurizar las cuencas.
“La realidad —advirtió— es que una parte importante del agua del río Bravo y de las cuencas de la región se utiliza de manera muy ineficiente. Y eso, mientras haya comunidades sin acceso, es insostenible”.
La mandataria reiteró que la prioridad es equilibrar la disponibilidad del recurso y garantizar su uso responsable, especialmente en un estado donde la sequía y la competencia por el agua se han convertido en un problema estructural.
