La visita de este lunes del secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya, a la presidencia municipal de Ciudad Juárez, acompañado de dirigentes del Partido Acción Nacional que simultáneamente ocupan cargos dentro de la dependencia estatal, abre un cuestionamiento inevitable sobre la politización de la seguridad pública.
Según lo señalado en conferencia de prensa por el alcalde Cruz Pérez Cuéllar, la intención de Loya no puede interpretarse simplemente como un gesto institucional, sino que refleja una mezcla peligrosa entre la política partidista y la administración de la seguridad ciudadana. En ninguna cabeza sensata debería caber que quienes tienen la obligación de garantizar la protección de los ciudadanos utilicen su posición para fines políticos, invitando a recorrer obras como la Torre Centinela junto a dirigentes de partido que, además, son sus propios subordinados estatales.
Loya acudió a entregar la invitación junto al director de Asentamientos de Derechos Humanos, Antisoborno, Transparencia y Rendición de Cuentas de la SSPE y dirigente municipal del PAN Juárez )todo eso al mismo tiempo), y del subsecretario de Movilidad Estatal SSPE y dirigente municipal del PAN Chihuahua (también todo eso al mismo tiempo).
El trasfondo de esta acción genera múltiples dudas. La Torre Centinela, cuya construcción enfrenta retrasos atribuibles oficialmente al clima y a la supervisión estatal insuficiente, se presenta como una obra emblemática que supuestamente fortalece la seguridad de la ciudad. Sin embargo, la participación de funcionarios panistas en calidad de representantes partidistas y al mismo tiempo responsables en la Secretaría de Seguridad Pública Estatal parece más una estrategia de visibilización política que un esfuerzo de colaboración institucional.
El alcalde Pérez Cuéllar dijo en la conferencia que prefería visitar las ruinas de Paquimé a las ruinas de la Torre Centinela. La invitación de Loya suena más a un intento de maquillar la ineficiencia y la improvisación en la obra, trasladando la atención hacia fines mediáticos y electoralistas.
La posibilidad de que esta dualidad de funciones —ser dirigente partidista y funcionario de seguridad pública— derive en un conflicto de intereses es clara. Pérez Cuéllar dijo a la prensa que analiza la posibilidad de interponer una denuncia por peculado, recordando que la incompatibilidad de estas funciones no es menor, porque cuando la seguridad se politiza, se corre el riesgo de que la protección ciudadana deje de ser un derecho y se convierta en un instrumento de poder.
La verdad es que la seguridad no debe sumar votos, sino garantizar la integridad de la sociedad; cualquier intento de fusionar ambas es, en palabras del propio alcalde, “una perversión de la seguridad”.
La insistencia de Loya en que la Torre Centinela será la obra más rápida en la historia del gobierno en Chihuahua y que contará con personal de analistas para su operación, suena a promesa de eficiencia que se utiliza como telón de fondo para legitimar la presencia política del PAN en un tema que debería estar fuera del alcance partidista. La situación pone en relieve un dilema central: ¿puede existir la neutralidad en la seguridad pública cuando quienes la administran también actúan como actores políticos activos?
Otra pregunta que queda flotando es, ¿en qué cabeza puede caber que la seguridad se politice sin que esto comprometa la confianza pública, la eficacia institucional y, sobre todo, la protección real de los juarenses? Mucho se ha escrito y analizado también sobre el supuesto negocio millonario que hay detrás de la Torre Centinela, lo que añade otra capa de cuestionamientos sobre las verdaderas intenciones de quienes gestionan esta obra.
