La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y su presidenta, Norma Piña Hernández, han adoptado desde la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, una postura que no solo obstaculiza la transformación del Poder Judicial, sino que también desafía el mandato popular expresado en la reforma judicial. La reciente resolución del pleno de la Corte, en la que se ordena a los jueces de distrito revocar las suspensiones contra la reforma en materia electoral, es un reflejo de la tensión entre los intentos de modernizar la justicia y la resistencia de una élite judicial que se aferra a sus privilegios.
Desde el inicio del debate sobre la elección popular de jueces, magistrados y ministros, la SCJN ha actuado como un contrapeso no democrático, usando su poder para frenar una iniciativa que responde al clamor ciudadano de acabar con la corrupción y el nepotismo en el sistema judicial. Norma Piña se ha convertido en el rostro visible de esta resistencia, enarbolando una supuesta defensa del estado de derecho mientras usa tecnicismos jurídicos para frenar una transformación que busca democratizar el acceso a la justicia.
El fallo de la SCJN, aunque en apariencia permite avanzar en la reforma, es un recordatorio de cómo el Poder Judicial ha usado las suspensiones y amparos como herramientas políticas para frenar cambios estructurales. Si bien el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ya había determinado que la elección judicial debía continuar, la Corte se apresuró a delimitar el alcance de esa decisión, dejando claro que las suspensiones de jueces de distrito no pueden ser revocadas por el TEPJF, sino únicamente por los tribunales colegiados de circuito o la propia SCJN.
Esto evidencia la postura ambigua de la SCJN. Por un lado, ordena revocar las suspensiones que afectan la materia electoral, pero, por otro, reafirma el poder de los jueces de distrito para emitir fallos que pueden seguir entorpeciendo el proceso. En otras palabras, la Corte ha creado una trampa procesal que le permite mantener el control sobre el avance de la reforma sin oponerse directamente a ella.
Norma Piña, quien votó a favor del proyecto, ha sido una de las principales defensoras de esta estrategia de contención. Bajo su liderazgo, la SCJN se ha convertido en un actor político que busca frenar el avance de la Cuarta Transformación. Su discurso de independencia judicial se desmorona ante las evidencias de que la Corte protege más los intereses de una élite que los derechos del pueblo.
Las ministras Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf votaron en contra del fallo, con Batres señalando que la Corte no tiene facultades para invalidar sentencias del TEPJF ni para exhortar a los poderes Ejecutivo y Legislativo a obedecer suspensiones judiciales que, en muchos casos, son abiertamente inconstitucionales. Este punto es muy importante, pues demuestra que existe un bloque dentro del Poder Judicial que reconoce la urgencia de democratizar la justicia y evitar la perpetuación de una casta de jueces inamovibles y desconectados de la realidad social del país.
El papel de Norma Piña en esta crisis institucional es innegable. Su liderazgo ha convertido a la SCJN en un muro de contención para cualquier intento de reforma que toque los privilegios de jueces y magistrados. En lugar de facilitar una transición ordenada hacia un nuevo modelo de elección judicial, ha optado por el camino de la confrontación y la resistencia pasiva, apoyándose en argumentos legalistas que no tienen sustento en la voluntad popular.
La presidenta Claudia Sheinbaum recordó este viernes que la reforma judicial sigue en pie y la elección de jueces, magistrados y ministros del próximo 1 de junio ya no tiene obstáculos legales. Este mensaje desactiva cualquier intento de la SCJN de seguir empantanando el proceso con fallos ambiguos o interpretaciones sesgadas de la Constitución.
La historia juzgará a Norma Piña y su gestión al frente de la SCJN como un periodo de resistencia a la transformación. En lugar de liderar una modernización del Poder Judicial, se ha convertido en el símbolo de la defensa de un sistema que protege a los jueces por encima de la ciudadanía. Su actitud no solo desacredita a la Corte, sino que también pone en riesgo su legitimidad ante un pueblo que exige justicia, no privilegios.
Aunque pareciera que el desenlace de esta confrontación ya está definido, lo cierto es que durante una conferencia matutina de este viernes 14 de febrero, los magistrados federales señalaron que, aunque la Corte ordenó avanzar con el proceso electoral, la cuestión de la inamovilidad judicial –es decir, su derecho a conservar el cargo hasta el final de su mandato– se resolverá posteriormente a través de un juicio de amparo.
Los magistrados expresaron que, tras el 1 de septiembre, algunos jueces podrán seguir en sus puestos gracias a la figura de la inamovilidad judicial. Además, criticaron que la Corte no haya abordado de manera integral los problemas relacionados con la reforma judicial, sugiriendo que debería haber dejado todo claro para dar una “seguridad jurídica plena”, en lugar de solo brindar certezas para el proceso electoral y dejar el futuro en el aire. Increíble.
