La Auditoría Superior de la Federación (ASF) informó que obtuvo nuevos elementos para investigar posibles anomalías en la contratación de bienes y servicios del Instituto Nacional Electoral (INE), a partir de datos proporcionados por personas acogidas a un programa de reducción de sanciones.
De acuerdo con un mensaje difundido en redes sociales, la colaboración de los informantes permitió conocer la manera en que presuntamente habrían operado irregularidades durante varios años en procesos de contratación pública relacionados con organismos electorales.
La ASF señaló que entre la información recibida se encuentran testimonios, documentos, fotografías, videos, datos financieros, domicilios, conversaciones de WhatsApp y nombres o alias de personas posiblemente involucradas.
Según las primeras indagatorias, los beneficiarios finales de algunas empresas habrían intervenido en la selección de proveedores y en la elaboración de requisitos técnicos diseñados para favorecer sus propios intereses. La información también habría permitido identificar a compañías, funcionarios y personas relacionadas con los contratos bajo revisión.
Un diagrama difundido por la Auditoría muestra que los informantes entregaron datos de manera confidencial y describieron la presunta participación de contratistas en la definición de condiciones “a modo” dentro de los procedimientos de adquisición.
La ASF indicó que continuará con las investigaciones para determinar el destino de los recursos públicos, identificar a otros posibles involucrados y establecer las responsabilidades correspondientes conforme avance el proceso.
Los señalamientos se relacionan con contratos otorgados en el INE y con un caso que, según la información difundida, derivó en la renuncia de su presidenta, Guadalupe Taddei Zavala. Hasta el momento, la Auditoría presentó los hechos como líneas de investigación e indicios sujetos a esclarecimiento.
