El gobierno federal anunció una revisión de los contratos relacionados con la producción y distribución de material electoral, luego de presentar información sobre los hermanos Hernández Casillas, empresarios que, de acuerdo con una investigación oficial, acumularon contratos millonarios con organismos electorales durante los últimos años.
Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que las presuntas irregularidades en la contratación de proveedores electorales no comenzaron con la actual presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei, sino que tendrían antecedentes desde la década de 1990.
La mandataria afirmó que los hermanos Hernández Casillas trabajaron durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari en el Registro Nacional de Población y en el entonces Centro de Investigación y Seguridad Nacional. Según su exposición, en esa etapa tuvieron relación laboral con Juan Carlos Padilla, quien posteriormente ocupó cargos directivos en ambas instituciones y actualmente forma parte del partido Somos, organización en la que también participan Lorenzo Córdova y otros exconsejeros electorales.
“Ellos construyeron esta mafia electoral, que se reproduce entre ellos”, declaró Sheinbaum, al referirse a la red de relaciones políticas y empresariales que, según el gobierno, se consolidó con el paso del tiempo.
La secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, presentó una investigación elaborada con información pública y registros históricos de Compranet. Explicó que, después de abandonar el servicio público, los hermanos comenzaron a operar como empresarios y, antes del año 2000, empezaron a proveer materiales electorales a gobiernos estatales.
De acuerdo con los datos expuestos, entre 2014 y 2023 ampliaron su presencia mediante una red de empresas que obtuvo contratos con institutos electorales locales. La administración federal atribuyó este crecimiento a la falta de supervisión y a la ausencia de reglas claras para los procesos de contratación.
Buenrostro señaló que, durante ese periodo, los hermanos Hernández Casillas recibieron contratos por aproximadamente 2 mil 94 millones de pesos. Entre 2024 y 2025, agregó, sus empresas obtuvieron otros contratos por alrededor de 646 millones de pesos.
Sheinbaum subrayó que las cifras y los vínculos expuestos deben ser revisados por las autoridades correspondientes. Por ello, pidió la intervención de la Auditoría Superior de la Federación para determinar si existieron irregularidades, responsabilidades administrativas o posibles actos de corrupción.
La presidenta también rechazó que las acusaciones deban concentrarse exclusivamente en Guadalupe Taddei. Afirmó que cualquier funcionario que haya cometido una ilegalidad deberá responder ante las autoridades, pero insistió en que el problema, según su versión, tiene una historia más larga y se habría fortalecido durante la gestión de Lorenzo Córdova al frente del INE.
Como parte de las medidas anunciadas, el gobierno federal informó que la próxima semana publicará un decreto en el Diario Oficial de la Federación para modificar la integración del consejo de administración de Talleres Gráficos de México, institución encargada de producir las boletas electorales.
La propuesta contempla incorporar a más secretarías de Estado y a instituciones académicas, con el objetivo de fortalecer la vigilancia y transparentar los procesos relacionados con la fabricación y contratación de materiales electorales. Las autoridades señalaron que las investigaciones deberán establecer si hubo responsabilidades y garantizar que los próximos contratos se realicen bajo mecanismos de mayor supervisión.
