Chihuahua suma ya 2 mil 922 casos confirmados de sarampión en 45 de los 67 municipios del estado, lo que representa casi la totalidad de los casos reportados a nivel nacional. La cifra, que se ha disparado desde los primeros 22 casos confirmados en marzo, no solo genera alarma por su velocidad de propagación, sino porque comienza a poner en duda la capacidad de respuesta institucional frente a una enfermedad que debería estar controlada mediante esquemas de vacunación completos.
El foco de transmisión se ubica principalmente en Cuauhtémoc, con mil 231 casos, seguido de Chihuahua capital con 555, Nuevo Casas Grandes con 185 y Ciudad Juárez con 86. La concentración en municipios con presencia de comunidades menonitas y jornaleros migrantes refleja un patrón preocupante, ya que, según las autoridades de salud, el virus se propaga con mayor facilidad en zonas marginadas, rurales o con alta movilidad poblacional, donde los esquemas de vacunación han sido históricamente débiles o inexistentes.
A pesar de que el sarampión es prevenible mediante la vacuna triple viral (SRP), los datos muestran un rezago alarmante. La Secretaría de Salud estatal reportó coberturas de apenas 66.5% para la primera dosis y 55.3% para el refuerzo, muy por debajo del umbral de seguridad sanitaria del 95% recomendado por la OMS. En contraste, instituciones federales como el IMSS e ISSSTE sí alcanzaron las metas mínimas de cobertura, lo que expone un problema de gestión y voluntad política a nivel local.
El secretario de Salud estatal, Gilberto Baeza Mendoza, ha sido señalado por evasivas y falta de datos técnicos ante el Congreso local. La diputada morenista Jael Argüelles denunció que el informe presentado carece de información precisa sobre rastreo de contactos, herramientas tecnológicas utilizadas y efectividad de las campañas de vacunación. No se ha transparentado el uso de sistemas especializados como Epi Info o Epidat, ni se ha presentado el número básico de reproducción (R₀) estimado para el estado, un indicador clave para saber si la transmisión está contenida o en crecimiento.
Peor aún, la reacción institucional ha sido tardía. Datos oficiales indican que aunque el primer caso confirmado se notificó el 20 de febrero, la Secretaría retrasó su boletín oficial, desvió la atención hacia Texas y permitió que la desinformación ganara terreno. El Distrito de Cuauhtémoc, epicentro del brote, tardó cinco días en informar a su población. Ese vacío en la comunicación pública no solo erosionó la confianza, sino que permitió que la cadena de contagio siguiera su curso sin freno.
La respuesta del Gobierno federal ha intentado compensar las fallas locales. Se amplió la edad de vacunación hasta los 49 años —cuando antes se cubría solo hasta los 40—, especialmente para proteger a jornaleros y trabajadores migrantes. Pero esta acción reactiva no reemplaza la necesidad de una estrategia local firme, transparente y técnicamente sólida.
La pregunta que comienza a instalarse es si este brote está fuera de control. La ausencia de indicadores precisos, el rezago en la vacunación, la falta de campañas sostenidas en comunidades menonitas y la limitada capacidad de respuesta en municipios rurales son señales de alerta. Si no se rompe el ciclo de transmisión ahora, existe el riesgo de que el sarampión deje de ser un brote temporal y se convierta en una enfermedad endémica en Chihuahua.
La situación exige más que boletines diarios con cifras acumuladas. Se necesita una comparecencia pública y detallada del titular de Salud estatal, con evidencia de las acciones emprendidas, metas alcanzadas, fallas reconocidas y correcciones implementadas. No basta culpar al desabasto nacional ni a la desinformación de otros. Lo que está en juego es la salud de miles de niños y niñas, especialmente en comunidades históricamente olvidadas. ¿Está el brote fuera de control? Los hechos apuntan a que, al menos por ahora, no se está haciendo lo suficiente para evitar que lo esté.
