Contrario al discurso oficial sostenido por el expresidente Donald Trump, el gobierno de Estados Unidos actúa de forma distinta en los hechos: negocia con narcotraficantes mexicanos, clasificados por sus propias autoridades como “terroristas”. Así lo evidenció la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien desde la conferencia mañanera del pasado 14 de mayo, cuestionó abiertamente la contradicción del país vecino al norte al recibir en su territorio a familiares directos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
“¿No que no negocian con terroristas?”, preguntó Sheinbaum durante su intervención, al referirse al ingreso a Estados Unidos de 17 integrantes de la familia de Guzmán Loera, entre los que se encontraba Griselda López Pérez, exesposa del capo y madre de Ovidio Guzmán, alias “El Ratón”. El grupo cruzó a San Diego, California, como parte de un acuerdo de cooperación entre Ovidio Guzmán y el Departamento de Justicia estadounidense.
El cuestionamiento de la mandataria mexicana surgió tras revelarse que la familia directa de Ovidio Guzmán fue recibida por personal del FBI, en el contexto de las negociaciones judiciales entre el hijo del “Chapo” y el gobierno de Estados Unidos. A cambio de protección y refugio para su núcleo familiar, Guzmán López se comprometió a declarar culpabilidad por delitos de narcotráfico, lavado de dinero y portación de armas, además de ofrecer información sensible sobre las estructuras del crimen organizado en México.
De acuerdo con medios estadounidenses, la Corte Federal del Distrito Norte de Chicago, Illinois, confirmó que Ovidio Guzmán llegó a un acuerdo de cooperación, en el que también se contempla una condena reducida de entre cinco y siete años de prisión. Dicha pena sería menor aún al descontar el tiempo cumplido desde su extradición en enero de 2023.
Este trato, incluye beneficios que van desde la protección como testigo cooperante hasta la confidencialidad sobre los nombres de los familiares que ingresaron a territorio estadounidense. El acuerdo exige garantizar seguridad a su madre, esposa e hijos, a cambio de datos relevantes sobre grupos criminales, funcionarios coludidos y la red de narcocorrupción que opera en ambos lados de la frontera.
La jueza Sharon Coleman Johnson, encargada del caso, solicitó a los fiscales federales entregar una copia del acuerdo tres días antes de la audiencia del próximo 9 de julio. Aunque los detalles no serán públicos, se sabe que el pacto implicará la anulación del juicio penal al que Guzmán López sería sometido, siempre y cuando colabore con las autoridades.
Este procedimiento guarda similitudes con el alcanzado años atrás con Jesús Vicente Zambada Niebla, “El Vicentillo”, otro integrante del Cártel de Sinaloa que obtuvo beneficios legales a cambio de cooperación. En ambos casos, los acuerdos contradicen el discurso oficial estadounidense que afirma “no negociar con terroristas”, como repetidamente sostuvo el gobierno de Trump.
Los medios de ese país dieron a conocer en días anteriores que desde el inicio del proceso judicial, Jeffrey Lichtman, abogado de Ovidio Guzmán, había adelantado la intención de su cliente de colaborar con los fiscales federales. La estrategia fue clara: entregar información clave a cambio de clemencia jurídica, seguridad para la familia y la posibilidad de ser considerado testigo protegido en Estados Unidos.
La revelación de este acuerdo, así como el ingreso de los 17 familiares a suelo estadounidense, desató críticas tanto en México como en diversos sectores de la opinión pública internacional, al considerar que evidencia un doble rasero por parte del gobierno estadounidense: mientras califica a los narcotraficantes como “terroristas”, en los hechos establece con ellos acuerdos de protección e intercambio de información.
