El tema del secuestro volvió a escena esta semana en Ciudad Juárez, particularmente el de personas migrantes, luego de que la Mesa de Seguridad y Justicia Ciudadanas reportara 23 casos registrados en lo que va del año, todos con detenciones confirmadas por las autoridades.
La cifra fue discutida en una reunión reciente celebrada en el Consulado de Estados Unidos, según confirmó a medios de comunicación Héctor Núñez, coordinador en turno del Consejo Coordinador Empresarial. Aunque el dato no representa un pico histórico, sí ha llamado la atención por tratarse de una tendencia al alza en los últimos tres años, en un contexto fronterizo donde la movilidad de personas y el crimen organizado se cruzan de forma cada vez más compleja.
La discusión sobre la violencia secuestradora no puede disociarse de un caso que, aunque ocurrió hace tres décadas, marcó un antes y un después en la seguridad privada de la élite empresarial juarense.
Era primero de mayo de 1995 cuando el nombre de “Titín Fuentes” apareció en la portada del Norte de Ciudad Juárez bajo el titular: “Secuestran a Titín Fuentes”. La noticia conmocionó a la ciudad, no solo por el perfil económico de la familia del joven, sino por el quiebre simbólico que significó para la clase alta local. Los criminales habían cruzado una línea que hasta entonces parecía intocable.
Aquel día, un grupo de cuatro hombres armados con rifles AK-47 irrumpió en el campo hípico de la familia Fuentes. El joven entrenaba cuando fue interceptado. Horas después, el vehículo en el que se lo llevaron, un Gran Marquís, fue localizado en el parque industrial Río Bravo.
Por entonces, Francisco Barrio gobernaba el estado y, aunque los feminicidios ya se registraban en la ciudad, aún no captaban la atención internacional. La institución encargada de investigar era la Procuraduría General del Estado (PGJE), cuyas diferencias con las organizaciones criminales eran difíciles de distinguir a simple vista.
El entonces procurador Francisco Molina Ruiz y el subprocurador Jorge López Molinar acudieron personalmente a una clínica en Zaragoza, donde se había reportado el ingreso de un hombre con una herida de bala en la cabeza, que más tarde murió. Por algunas horas, se temió que fuera el secuestrado. Aunque no fue así, el miedo ya se había sembrado.
Seguridad a medida del miedo
Tras el plagio, los cuerpos de seguridad estatales y municipales se replegaron. A petición de la familia, las negociaciones con los secuestradores quedaron en el ámbito privado, y los medios publicaron únicamente las versiones oficiales. Con el paso del tiempo luego se supo que había sido liberado sano y salvo, afortunadamente.
La historia del secuestro de Titín fue el detonante de una transformación en el enfoque de seguridad de los empresarios juarenses, aunque sus efectos no se vieron de inmediato. En los días posteriores, empresas como la paseña Durotech International comenzaron a ofrecer servicios de seguridad integral, que incluían desde entrenamiento cuerpo a cuerpo hasta inspecciones de rutina en negocios y residencias.
La firma contaba con personal de élite, entre ellos un exmiembro del servicio secreto israelí y dos integrantes del Delta Force, el grupo antiterrorista de la Armada de Estados Unidos. Su presencia en ciudades como Albuquerque, Carolina del Norte y Ciudad de México atrajo a empresarios fronterizos que buscaban blindarse sin hacer ruido.
Aun así, no se vería un cambio radical en la seguridad privada de las élites empresariales hasta los años de mayor violencia en la ciudad: entre 2008 y 2011, cuando Ciudad Juárez vivió una de las crisis más crudas durante la Guerra contra el Narco, impulsada por el expresidente Felipe Calderón y su jefe de seguridad federal, Genaro García Luna, hoy preso y sentenciado por narcotráfico en Estados unidos.
