El reciente anuncio de Donald Trump sobre la imposición de un arancel del 25% a los automóviles fabricados fuera de Estados Unidos representa un intento de reindustrialización que, lejos de fortalecer la economía nacional, podría generar severas consecuencias internas. Veamos las razones.
En primer lugar, la industria automotriz estadounidense, que ha dependido durante décadas de cadenas de suministro globalizadas, enfrenta ahora un encarecimiento abrupto en los costos de producción. La caída de más del 4% en las acciones de General Motors, casi un 3 % en Stellantis y alrededor del 1% en Ford reflejan el escepticismo del mercado. La incertidumbre sobre el costo de las autopartes importadas y las potenciales represalias comerciales de socios clave como México y Canadá podrían agravar la situación.
Tesla, por su parte, sufrió una caída de casi el 6%, lo que indica que incluso las compañías de vehículos eléctricos no están exentas del impacto. Si bien Trump busca incentivar la producción local, la política arancelaria puede terminar siendo un freno para la competitividad de la industria estadounidense en el mercado global.
En segundo lugar, tenemos que el encarecimiento de los vehículos importados trasladará el costo a los consumidores estadounidenses. Marcas extranjeras como Toyota, Volkswagen y Honda, que producen una parte de sus unidades fuera de EU, se verán obligadas a ajustar precios o reducir su oferta en el país. Esto limitará la competencia y permitirá a los fabricantes nacionales subir los precios sin una presión real del mercado global.
Además, la decisión de restringir los incentivos fiscales a vehículos eléctricos fabricados exclusivamente en EU encarecerá la transición hacia energías limpias, justo cuando el país intenta alcanzar compromisos de reducción de emisiones. Esta medida no sólo desincentiva la adopción de tecnología eléctrica, sino que también contradice la tendencia global de movilidad sustentable.
En tercer lugar, si bien Trump sostiene que la medida busca generar empleos en la manufactura y construcción de plantas automotrices en EU, lo cierto es que la reubicación de fábricas no ocurre de la noche a la mañana. La salida de inversiones extranjeras y la cancelación de proyectos en el país podrían generar, en el corto plazo, despidos en sectores que dependen de la producción transfronteriza, como la distribución y la logística.
Un aspecto muy importante en todo esto es la dependencia de la industria automotriz de autopartes extranjeras, particularmente mexicanas. Si el gobierno estadounidense endurece aún más sus políticas comerciales, el sector podría enfrentar una escasez de insumos, afectando la producción y llevando a un estancamiento del empleo en las plantas de ensamblaje.
En cuarto lugar, México y Canadá, principales socios comerciales de EU bajo el TMEC, podrían responder con represalias arancelarias a otros sectores clave de la economía estadounidense. Esto afectaría exportaciones agrícolas y manufactureras, generando presión sobre productores y exportadores nacionales.
Asimismo, los ingresos fiscales que Trump espera recaudar con estos aranceles podrían verse disminuidos por la caída en la demanda de automóviles. Un menor consumo significa menos impuestos recaudados por ventas, lo que pone en entredicho la viabilidad financiera de la medida. Al tiempo.
