El gobierno federal reveló este miércoles el uso ilegal de agua en el rancho El Saucito, propiedad del exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez. Durante la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que se presentará una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR), luego de que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) documentara graves irregularidades: el priista construyó sin permiso cinco represas, una presa principal y un pozo con el fin de acaparar más de 700 mil metros cúbicos de agua para beneficio personal.
La acusación marca un nuevo capítulo en la revisión de actos de corrupción en torno al manejo de recursos naturales, pues el volumen de agua que Duarte almacenaba de forma ilegal no solo violaba la normatividad nacional, sino que también afectaba compromisos internacionales de México, como el Tratado de Aguas de 1944 con Estados Unidos. “Esto no es menor”, subrayó Sheinbaum desde Palacio Nacional, al recordar que una parte del caudal sustraído ilegalmente pertenece a esa cuenca binacional, cuya gestión ha sido fuente de tensiones diplomáticas en los últimos años.
De acuerdo con Efraín Morales, director general de Conagua, el operativo en El Saucito se llevó a cabo tras agotar un procedimiento administrativo que derivó en la demolición de las estructuras hidráulicas construidas sin autorización. “Durante su gestión, lo que hizo el exgobernador fue un apoderamiento ilegal del recurso hídrico, en un predio de cientos de hectáreas donde instaló infraestructura para uso exclusivo”, detalló el funcionario.
Sin embargo, el proceso de demolición enfrentó obstáculos judiciales. En menos de 24 horas, una jueza concedió una suspensión provisional solicitada por personas que se identificaron como familiares de Duarte. “Es la misma jueza que bloqueó la distribución de los libros de texto en Chihuahua”, denunció Morales, al tiempo que dejó entrever posibles vínculos entre el poder político local y sectores del Poder Judicial.
El rancho El Saucito, ubicado en el estado de Chihuahua, se ha convertido en emblema de las prácticas de acaparamiento que han favorecido a actores políticos por encima de las comunidades rurales que padecen escasez de agua. El caso de Duarte, exgobernador actualmente bajo proceso penal por delitos de corrupción y peculado, revive el debate sobre la justicia hídrica y la urgencia de auditar las concesiones otorgadas durante gobiernos anteriores.
Conagua informó que también existe un pozo dentro de la propiedad del exmandatario y que se encuentra en curso una revisión nacional de concesiones. “Hemos clausurado más de 250 puntos en todo el país por uso irregular del agua”, afirmó Morales.
Además, Sheinbaum denunció que durante el sexenio anterior se perdió información clave sobre permisos de agua a causa de un incendio ocurrido en un piso de las oficinas centrales de Conagua. “Casualmente, ese piso albergaba los registros de las concesiones”, señaló la presidenta, sugiriendo que la pérdida de datos podría haber sido deliberada.
El operativo en el rancho de Duarte es parte de un esfuerzo más amplio del gobierno federal para imponer orden legal en el uso del agua. Sheinbaum dejó claro que se sancionará no solo al exgobernador, sino también a quienes hayan colaborado en la comisión de estos delitos. “El uso ilegal del agua es en sí mismo un delito, y no puede haber excepciones, ni para exgobernadores ni para particulares”, concluyó.
César Duarte Jáquez, exgobernador de Chihuahua, enfrenta en libertad el proceso penal por peculado y asociación delictuosa durante su mandato (2010-2016). Tras ser dado de alta del hospital donde fue operado, no regresará al Cereso, pero deberá portar un brazalete electrónico, permanecer en la ciudad y ser vigilado por el Instituto de Servicios Previos al Juicio.
La defensa entregó su pasaporte para demostrar que no pretende huir. La jueza Hortensia García ordenó estas medidas tras concluir el plazo legal de prisión preventiva. Duarte es señalado por el desvío de 95 millones de pesos. El exmandatario, ahora libre, fue captado en lugares públicos celebrando con vino su liberación. El brazalete le fue colocado por la empresa GPS Monitor, a su propio costo, pero no ha sido impedimiento para que el exgobernador continúe celebrando su libertad.
