Apenas se fue de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento el impresentable Sergio Nevárez Rodríguez, arrastrando consigo un historial de marrullerías, grillas internas y sueños políticos imposibles de concretar por su limitada capacidad de operación, y el relevo no trajo alivio, sino una incertidumbre aún más profunda.
En su lugar, la gobernadora María Eugenia Campos Galván impuso al priista Marco Licón Barraza como nuevo Director Ejecutivo de la JMAS de Ciudad Juárez, en una decisión que huele más a cuota política que a apuesta por la eficiencia o la transparencia.
Sobre el nuevo jefe de la JMAS pesa un escándalo de corrupción que marcó su breve y turbulento paso como Director General del Colegio de Bachilleres de Chihuahua, entre septiembre de 2021 y agosto de 2022. Un episodio que no fue aclarado, sino sepultado bajo el ruido político y la simulación institucional.
Durante su gestión en el Cobach, se fraguó un negocio de más de 38 millones de pesos a costa de miles de familias. Los estudiantes de nuevo ingreso de los 28 planteles del estado fueron obligados a comprar uniformes escolares a un proveedor “autorizado” por la institución. No había alternativa. No había competencia. No había transparencia. La selección del proveedor de los uniformes oficiales se realizó de manera verbal, discrecional y en la opacidad más absoluta.
En mayo de 2022, Licón Barraza y el entonces director administrativo, Marco Alberto Paredes Arroyo, eligieron a la empresa Uniformes Chihuahua SA como encargada de elaborar y comercializar los paquetes escolares. Al viejo estilo priista, no existió contrato, convenio ni instrumento jurídico alguno que respaldara esa decisión. En el colmo del descaro, la propia administración del Cobach reconoció públicamente que dicha empresa no figuraba como proveedor del Colegio y que no existía normatividad que regulara la venta y distribución de uniformes. Algo increíble.
El negociazo fue redondo. Para el semestre que inició en agosto de 2022 se registraron 16 mil 567 alumnos de nuevo ingreso. Cada paquete, integrado por cinco piezas, tuvo un costo de 2 mil 315 pesos. El monto total ascendió a 38 millones 352 mil 605 pesos. Un cobro masivo, obligatorio y sin reglas claras.
Las protestas de madres y padres de familia, indignados por el precio excesivo, obligaron a una salida política. No había otra, porque estaban a punto de comenzar protestas masivas afuera de los colegios. Se vino entonces la destitución de Licón Barraza y la orden de devolver el dinero. La gobernadora María Eugenia Campos Galván y el entonces secretario de Educación, Javier González Mocken, no hicieron nada más al respecto. Nadie rindió cuentas.
Hoy, ese mismo personaje encabeza un organismo descentralizado que ejercerá 3 mil 294 millones de pesos durante 2025 y que le garantiza un sueldo mensual de 174 mil 347 pesos. Su nombramiento, avalado por el Consejo de Administración de la Junta Central de Agua y Saneamiento, confirma que en Chihuahua los escándalos no inhabilitan, promocionan y casi siempre hace brillas a personajes tan polémicos como sospechosos.
Ante este escenario surgen preguntas urgentes: ¿qué garantiza que la JMAS no vuelva a ser un botín político?, ¿quién vigila a funcionarios con antecedentes de opacidad? En Juárez, fugas sin atender, baja presión y agua con lodo son la norma. La pregunta directa a Licón es inevitable: ¿vino a garantizar el derecho al agua o a repetir viejas prácticas con un presupuesto millonario?
