La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, es quien tiene la obligación política, legal y moral de dar una explicación puntual sobre lo ocurrido con los supuestos “instructores” de la Embajada de Estados Unidos que, lejos de ser simples capacitadores, han sido señalados como agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés).
Se trata de un hecho grave que no puede maquillarse ni minimizarse, porque lo que está en juego no es solo una versión oficial endeble, sino la posible permisividad, o incluso complicidad, de su administración ante la presencia de una agencia extranjera operando en territorio mexicano bajo circunstancias que resultan, por decir lo menos, profundamente cuestionables.
El hecho de que dos de las víctimas hayan sido identificadas como agentes de la CIA, y que además otros dos viajaban en el mismo convoy, cambia por completo el contexto y coloca a las autoridades estatales frente a un escenario de alto riesgo, uno que exige una reacción inmediata conforme a lo que establece la Ley de Seguridad Nacional, recientemente reformada.
La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó ayer que existe una investigación en curso y enfatizó que cualquier relación con agencias de Estados Unidos debe pasar por la Federación. ¿Se cumplió ese requisito en Chihuahua? ¿Quién autorizó la presencia de esos agentes? ¿Bajo qué condiciones operaban en la sierra?
Las versiones desde el ámbito estatal han sido cambiantes. Primero se sugirió una relación con el operativo, después se descartó. Más tarde se habló de capacitación en drones, de distancias considerables entre los hechos y de encuentros circunstanciales. Cada ajuste en el discurso deja nuevas preguntas. ¿Por qué la información no fue clara desde el inicio? ¿Quién decidió comunicar de esa manera?
También resulta necesario cuestionar el papel de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. La propia dependencia ha reconocido que agencias como la DEA, el FBI o el CBP tendrán presencia en la Torre Centinela. Se ha dicho que habrá intercambio de información, de inteligencia, de colaboración institucional. ¿En qué momento esa colaboración comienza a cruzar los límites legales? ¿Quién supervisa ese tipo de acuerdos? ¿Dónde está el control federal en esos convenios?
El problema no se limita a un solo episodio. Lo que se observa es una apertura constante hacia agencias estadounidenses en tareas de seguridad. Una apertura que, en este caso, coincide con la presencia de agentes en la sierra, con un operativo en marcha y con un desenlace trágico. ¿Se trata de hechos aislados o de una dinámica que ya está instalada en el estado?
La Ley de Seguridad Nacional establece que los agentes extranjeros no pueden realizar funciones de autoridad ni participar en operativos sin autorización federal. Esa regla no admite interpretaciones flexibles. ¿Se respetó ese marco en Chihuahua? ¿Existe documentación que respalde la presencia de esos agentes? ¿Se notificó a las instancias correspondientes?
Otro punto que llama la atención es la falta de comunicación entre los distintos niveles de gobierno. La presidenta señaló en la Mañanera que la gobernadora no se había puesto en contacto para abordar el tema; fue hasta la tarde de ayer cuando Campos informó que había solicitado una audiencia con Sheinbaum. ¿Por qué no existía ese diálogo desde antes?
La mandataria chihuahuense sabe que las consecuencias pueden ser serias. Permitir la presencia de agentes extranjeros fuera del marco legal puede derivar en responsabilidades administrativas y penales. ¿Se han evaluado esos riesgos dentro del Gobierno estatal?
También queda pendiente una explicación sobre la naturaleza de la relación con las agencias estadounidenses. ¿Se trata de acuerdos formales? ¿Existen convenios firmados? ¿Qué instancias federales participaron en su autorización? ¿Cuál es el alcance real de esa colaboración?
Mientras tanto, la narrativa oficial sigue fragmentada. Unos niegan, otros matizan, otros reconocen parcialmente. En medio de esas versiones, la ciudadanía observa y espera una explicación que no termina de llegar. ¿Cuánto tiempo más se va a sostener esta falta de transparencia?
Chihuahua enfrenta un momento que exige claridad. No solo por el accidente o por el operativo, sino por lo que implica la posible presencia de agentes extranjeros en tareas de seguridad. La discusión ya no es técnica, es institucional. ¿Quién define los límites? ¿Quién los respeta? ¿Quién responde cuando se cruzan?
Al final, todo regresa al mismo punto. La responsabilidad política recae en quien gobierna. Y hoy, esa responsabilidad exige algo básico. Explicar qué ocurrió, bajo qué condiciones y quién tomó las decisiones. Sin rodeos ni versiones parciales.
Andan viendo moros con tranchetes
La gobernadora solicitó una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum bajo el argumento de abordar el desmantelamiento del narcolaboratorio en la sierra. Un movimiento que busca reencuadrar la conversación, pero que no toca el fondo del problema.
Porque sí, el operativo fue relevante. Nadie está discutiendo el tamaño del laboratorio ni el impacto de las drogas sintéticas que ahí se producían. Ese punto está claro. Lo que está en discusión es que se pasó por el arco del triunfo la Ley de Seguridad Nacional, y sobre eso la gobernadora guardó silencio y ahora anda, como dicen, con “la cola entre las patas“.
Rompió el silencio, pero solo a medias. Habló de metanfetaminas, de cristal, de los daños a la salud y al tejido social. Reconoció el trabajo del Ejército y de la Fiscalía, subrayó la importancia del golpe al narcotráfico. Todo dentro de un discurso correcto, pero incompleto. Nada dijo de los agentes estadounidenses, y eso es lo más grave.
Se va María Luisa Alcalde… ¿y llega Ariana Mointiel?
Ya lo habíamos tratado aquí la semana pasada, que María Luisa Alcalde no tenía seguro su puesto como dirigente en Morena, debido a que no ha sabido tejer alianzas y en algunos estados se le ha salido de control el proceso interno, como en Chihuahua. Lo que entonces parecía una advertencia, hoy comienza a tomar forma de desenlace.
De acuerdo con medios nacionales, en las filas del partido ya se perfila un cambio en la dirigencia nacional. La propia Alcalde, nombrada presidenta del Comité Ejecutivo Nacional en septiembre de 2024, estaría preparando su salida. Y es que su gestión ha estado marcada por tropiezos internos, falta de operación política y una evidente desconexión con las dinámicas territoriales.
A la par, en la Secretaría del Bienestar se mueven las piezas. Todo apunta a que Ariadna Montiel podría dejar el cargo para integrarse a la dirigencia del partido. Se filtró a algunos medios que funcionarios de esa dependencia ya preparan informes de entrega-recepción, como si el relevo fuera cuestión de días. El mensaje es claro, las decisiones ya se están tomando, aunque públicamente se finja calma.
Alcalde estaría alistando un mensaje para anunciar su decisión. De concretarse la salida, dicen los que dicen saber, sería Carolina Rangel Gracida quien asumiría de forma interina la dirigencia, con la tarea de convocar al Consejo Nacional para elegir un relevo definitivo.
