Chihuahua enfrenta en 2025 una situación que refleja múltiples crisis simultáneas en salud pública, seguridad y medio ambiente, que evidencian retos sin resolver para las autoridades estatales. A la vez que se mantiene como líder en incendios forestales y ocupa el cuarto lugar en homicidios dolosos a nivel nacional, el estado también atraviesa un brote de sarampión con cifras que apuntan a un manejo insuficiente de la epidemia.
El último reporte técnico de la Secretaría de Salud del Estado indica que el brote de sarampión suma mil 306 casos en 34 municipios, con Cuauhtémoc concentrando casi la mitad, con 622 casos. Chihuahua capital registra 228 casos, seguido por Nuevo Casas Grandes, Ahumada, Riva Palacio y varios otros municipios con cifras que van desde los 83 hasta un solo caso. Hasta ahora, se reportan dos hospitalizados, una defunción y más de mil recuperados. La persistencia de este brote revela deficiencias en la cobertura y eficacia de las campañas de vacunación y en la respuesta epidemiológica. La dispersión del virus en tantos municipios sugiere que la alerta sanitaria no ha logrado contener la transmisión, lo que implica riesgos mayores para la población vulnerable.
En paralelo, la violencia homicida sigue siendo una constante en Chihuahua. Aunque a nivel nacional se observa una reducción en los homicidios dolosos, Chihuahua se mantiene entre las entidades con mayor incidencia. Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a abril de 2025 el estado concentró el 6.7% de los homicidios dolosos del país, ubicándose en cuarto lugar, solo por debajo de Guanajuato, Baja California y el Estado de México. Este dato refleja la continuidad de un problema que las autoridades no han logrado controlar de forma efectiva. La persistencia de altos índices de violencia pone en duda las estrategias y recursos destinados a la seguridad pública y la prevención del delito.
A esta problemática se suma el incremento notable en incendios forestales. El Gobierno del Estado ha lanzado una campaña de concientización dirigida a la población, con mensajes sobre la prevención y el cuidado del bosque. Sin embargo, la eficacia de estas acciones resulta cuestionable cuando los datos oficiales presentan discrepancias significativas. La Secretaría de Desarrollo Rural reporta 400 incendios con 45 mil hectáreas afectadas, mientras que la Comisión Nacional Forestal (Conafor) informa 336 incendios, pero con 56 mil 624 hectáreas dañadas. Esta diferencia de más de 11 mil hectáreas pone en evidencia la falta de coordinación y transparencia en la gestión de esta crisis ambiental.
Además, aunque las condiciones climáticas como la baja humedad y las altas temperaturas contribuyen al aumento de incendios, la ausencia de un informe claro sobre las medidas preventivas implementadas por el gobierno estatal plantea dudas sobre su compromiso y capacidad para evitar la destrucción de los recursos forestales. La campaña centrada en la responsabilidad ciudadana, sin un balance público de las acciones gubernamentales, podría entenderse como un intento de deslindar responsabilidades frente a una problemática creciente.
Estos tres problemas —la expansión del sarampión, la violencia homicida y la crisis ambiental por incendios— muestran una realidad compleja para Chihuahua, donde la respuesta oficial no ha logrado contener ni mitigar de forma efectiva los impactos. La combinación de estos factores reclama una revisión profunda de las políticas públicas y un fortalecimiento en la coordinación entre autoridades para enfrentar con mayor eficacia los retos que afectan a la población y al entorno natural.
