La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sugirió este miércoles que la reciente serie de acciones emprendidas por autoridades estadounidenses contra políticos vinculados a la Cuarta Transformación ocurrió después del caso Chihuahua, donde agentes de una corporación de Estados Unidos participaron en una operación en territorio mexicano sin la acreditación correspondiente ante la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Durante su conferencia matutina, la mandataria señaló que la relación bilateral avanzaba de manera favorable en temas como seguridad, migración y cooperación institucional, hasta que surgió el episodio relacionado con la actuación de agentes extranjeros en Chihuahua, hecho que actualmente es investigado por la Fiscalía General de la República.
“Todo va muy bien. Colaboramos. Hasta que se presenta el caso de Chihuahua”, expresó la Presidenta al referirse al contexto en el que posteriormente se difundieron investigaciones, solicitudes de extradición y versiones sobre el retiro de visas a diversos políticos mexicanos.
Sheinbaum afirmó que el tema debe analizarse con una visión de largo plazo, ya que, más allá de los casos particulares, consideró que está en juego la capacidad de los mexicanos para decidir sobre sus propios asuntos públicos.
La titular del Ejecutivo reiteró que su gobierno no busca una confrontación con Estados Unidos y destacó que existe comunicación permanente con el embajador Ronald Johnson y con distintas instancias de la administración estadounidense. Sin embargo, sostuvo que México debe actuar con claridad cuando perciba acciones que puedan interpretarse como intentos de influir en decisiones que corresponden exclusivamente al país.
Respecto a las versiones difundidas en medios estadounidenses sobre presuntas investigaciones y el retiro de visas a los gobernadores Alfonso Durazo y Américo Villarreal, Sheinbaum señaló que ambos deberán aclarar cualquier señalamiento, aunque cuestionó el propósito de hacer públicas este tipo de medidas.
También se refirió a la solicitud de extradición presentada por una oficina del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra diez mexicanos, entre ellos el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como un senador y un alcalde en funciones. Indicó que cualquier procedimiento debe sustentarse en pruebas y corresponderá a las autoridades mexicanas determinar si existen elementos para actuar.
La Presidenta insistió en que la discusión debe centrarse en la soberanía nacional y en el derecho de los ciudadanos a elegir libremente a sus representantes. “¿Quién elige a los gobernadores, a un senador o a un presidente municipal? La gente, el pueblo”, expresó.
Finalmente, llamó a reflexionar sobre las implicaciones futuras de este tipo de acciones y sostuvo que las decisiones tomadas hoy influirán en las próximas generaciones, por lo que consideró necesario preguntarse hasta dónde las decisiones corresponden a los mexicanos y hasta dónde existe influencia de actores externos.
Niega Sonora investigación
El Gobierno de Sonora rechazó este miércoles las versiones que apuntan a una supuesta investigación criminal de autoridades estadounidenses contra el gobernador Alfonso Durazo Montaño y negó que exista alguna restricción relacionada con su visa para ingresar a Estados Unidos.
La postura oficial fue dada a conocer luego de la publicación de un reportaje elaborado por el diario Los Angeles Times y el colectivo periodístico Puente News Collaborative, en el que se menciona que el mandatario sonorense estaría bajo investigación por presuntos vínculos con el crimen organizado y que incluso habría perdido el permiso para ingresar al vecino país.
Ante la difusión de dicha información, la administración estatal sostuvo que los señalamientos carecen de sustento y aseguró que no existe ninguna notificación oficial que respalde las afirmaciones publicadas por esos medios.
La secretaria de Comunicación del Gobierno de Sonora, Paloma Terán Villalobos, afirmó que la información es falsa y precisó que Durazo Montaño mantiene vigente su visa estadounidense.
