Cada día que pasa, el caso de la presunta participación de la CIA en Chihuahua se pone peor para el Gobierno estatal y continúa a exhibiendo más irregularidades institucionales, violaciones constitucionales y una peligrosa invasión de facultades federales.
Ayer la Fiscalía General de la República informó que abrió una investigación contra autoridades de Chihuahua. Según la FGR, funcionarios estatales habrían asumido atribuciones exclusivas de la Federación al intervenir en delitos relacionados con delincuencia organizada y, todavía más grave, al mantener posibles acuerdos con agentes de la CIA.
Eso cambia completamente el tamaño del problema político para María Eugenia Campos Galván. Ahora también se investiga si el Gobierno estatal actuó fuera del marco constitucional y violentó competencias reservadas exclusivamente al Gobierno federal.
Pareciera que el Gobierno del Estado no supiera que la política exterior y la seguridad nacional son facultades exclusivas de la República. Ningún estado puede construir acuerdos, alianzas o mecanismos de cooperación con gobiernos extranjeros por cuenta propia.
La Fiscalía federal aseguró que las autoridades estatales ni siquiera entregaron correctamente la cadena de custodia del inmueble, de las sustancias aseguradas y de los indicios encontrados en el narcolaboratorio de Morelos.
La Fiscalía estatal sabe bien que cuando se rompe la cadena de custodia, se compromete la integridad de toda la investigación. Y entonces las dudas dejan de concentrarse únicamente en la participación extranjera para extenderse también hacia la actuación de las propias autoridades estatales.
Por eso el caso se sigue desmoronando políticamente para el Gobierno de Chihuahua. Cada comunicado federal contradice partes de la narrativa estatal. Cada nueva revelación abre más preguntas. Y mientras más avanza la investigación, más difícil resulta sostener aquella versión inicial donde todo parecía reducido a un operativo exitoso contra el crimen organizado.
El regidor del celular
El regidor Alejandro Jiménez Vargas volvió a pasar buena parte de la sesión de Cabildo viendo el celular y totalmente distraído. Tan desconectado estaba, que terminó votando equivocadamente un exhorto dirigido al Estado,obligando a repetir el punto mientras las risas estallaron en el recinto del tercer piso de la Presidencia municipal.
Pero el verdadero resbalón llegó cuando tomó el micrófono y aseguró que trabajaría “a favor de las necesidades del alcalde”. Apenas corrigió atropelladamente con un “de los ciudadanos”, el Cabildo entero entendió el tamaño de la distracción. Y todo ocurrió, otra vez, con el celular en la mano. Como si gobernar una ciudad fuera una actividad secundaria entre notificaciones.
Lo más delicado es que ya no parece un accidente aislado. Dentro del Ayuntamiento el panista carga desde hace tiempo con el apodo del “regidor del celular”, precisamente porque sesión tras sesión repite la misma escena: conversaciones eternas, mirada fija en la pantalla y atención mínima a lo que ocurre alrededor. Difícil imaginar a alguien construyendo liderazgo político mientras parece atrapado en modo scroll permanente.
