El gobierno de Estados Unidos amplió su ofensiva judicial contra redes del narcotráfico al presentar cargos formales contra funcionarios mexicanos, entre ellos el gobernador de Sinaloa, en un caso que eleva la tensión en la relación bilateral en materia de seguridad.
El Departamento de Justicia estadounidense acusó a Rubén Rocha Moya y a otros servidores públicos de presuntamente colaborar con el Cártel de Sinaloa en la distribución de drogas hacia territorio estadounidense. De acuerdo con la investigación, los señalados habrían establecido acuerdos con líderes criminales a cambio de apoyo político y beneficios económicos.
La acusación sostiene que integrantes de la organización, identificados como “Los Chapitos”, habrían intervenido en procesos electorales mediante intimidación a rivales, y que posteriormente se habrían concretado reuniones con funcionarios para garantizar protección a sus operaciones. El caso fue presentado por el fiscal del Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, junto con autoridades de la DEA.
En el expediente también se incluyen otros nueve funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, entre ellos el alcalde de Culiacán, el senador Enrique Inzunza Cazárez y mandos policiales y de seguridad. Según las autoridades estadounidenses, algunos de ellos habrían recibido pagos mensuales del grupo criminal a cambio de filtrar información y evitar detenciones.
El proceso judicial contempla penas que van desde 40 años de prisión hasta cadena perpetua. Aunque todos los acusados se encuentran presuntamente en México, la causa se suma a una serie de investigaciones abiertas en Estados Unidos desde 2023 contra estructuras vinculadas al Cártel de Sinaloa, consolidando un frente legal que sigue creciendo en alcance y repercusiones políticas.
Los detalles
Un expediente elaborado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos perfila una presunta estructura de complicidad entre funcionarios públicos de Sinaloa y el Cártel de Sinaloa, a quienes atribuye haber facilitado operaciones de narcotráfico hacia territorio estadounidense mediante el uso de instituciones de seguridad y poder político.
De acuerdo con la acusación, el actual gobernador Rubén Rocha Moya habría sostenido reuniones con líderes del grupo criminal antes del proceso electoral de 2021, en las que —según el documento— se habrían acordado apoyos políticos a cambio de protección y la designación de perfiles afines dentro del aparato gubernamental. Estas acciones, añade el expediente, derivaron en una red que permitió al cártel operar con niveles de impunidad sostenidos.
Funcionarios bajo investigación
La indagatoria no se limita al titular del Ejecutivo estatal. También incluye a una serie de funcionarios y exfuncionarios señalados por su presunta participación en delitos de conspiración y tráfico de drogas:
- Enrique Inzunza Cázares, senador y exsecretario general de Gobierno
- Enrique Díaz Vega
- Dámaso Castro Zaavedra
- Marco Antonio Almanza Avilés
- Alberto Jorge Contreras Núñez
- Gerardo Mérida Sánchez
- José Antonio Dionisio Hipólito
- Juan de Dios Gámez Mendívil
- Juan Valenzuela Millán
Todos ellos enfrentan cargos relacionados con la fabricación, distribución e importación de drogas como fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina hacia Estados Unidos.
Uso del aparato de seguridad
El documento sostiene que los implicados habrían utilizado sus cargos para proteger a operadores del cártel, proporcionando información confidencial y desplegando corporaciones policiales para custodiar cargamentos ilícitos. También se les atribuye el uso de armamento de alto poder, incluidas armas automáticas y explosivos, en operaciones destinadas a eliminar rivales y garantizar el control territorial.
Uno de los señalamientos más graves recae en Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”, acusado de participar en el secuestro y asesinato de un informante de la Administración de Control de Drogas y su familia en octubre de 2023. Según la acusación, el operativo habría involucrado patrullas oficiales y agentes bajo su mando.
Las pruebas: “narco nóminas”
Como evidencia central, las autoridades estadounidenses refieren listas de pagos mensuales —denominadas “narco nóminas”— presuntamente decomisadas en México. En estos documentos se detallan sobornos que iban de los 30 mil a los 300 mil pesos mensuales para funcionarios identificados mediante alias.
El expediente indica que estas entregas eran coordinadas por la facción conocida como “Los Chapitos”, quienes enviaban efectivo al “jefe de plaza” en Culiacán junto con registros de los beneficiarios, lo que, según la acusación, evidencia un esquema sistemático de financiamiento ilícito a autoridades.
Señalamientos sobre el proceso electoral
Además, la acusación describe una supuesta intervención del grupo criminal en el proceso electoral de 2021 en Sinaloa. Se mencionan acciones como intimidación a opositores y manipulación de casillas, presuntamente ejecutadas por sicarios bajo instrucciones de líderes del cártel, con el objetivo de favorecer acuerdos políticos previamente establecidos.
