La iniciativa de reforma electoral conocida como Plan B, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, enfrenta resistencias dentro del propio bloque oficialista, luego de que el Partido del Trabajo (PT) manifestara su oposición a algunos de sus puntos centrales, particularmente los relacionados con la eliminación de privilegios y la definición de la revocación de mandato.
El eje principal de la propuesta, que se discute hoy en Comisiones del Senado, según ha reiterado la mandataria, es reducir los recursos destinados a servidores públicos y estructuras políticas, con el objetivo de redirigir ese dinero a programas y obras en beneficio de la población. La reforma plantea, entre otros aspectos, que ningún funcionario gane más que la Presidencia y que se recorten gastos considerados excesivos en congresos locales y organismos electorales.
Sin embargo, el avance de la iniciativa se ha visto frenado por diferencias internas. El dirigente del PT, Alberto Anaya, reconoció que no existe consenso en torno a la propuesta, especialmente en lo referente a la posibilidad de que la revocación de mandato se realice en fechas concurrentes con procesos electorales, como la elección intermedia de 2027.
Estas discrepancias han generado tensiones con Morena, donde legisladores admiten que el proyecto no cuenta con el respaldo total de sus aliados. Incluso se han señalado observaciones técnicas y de fondo que han obligado a pausar la discusión en el Congreso mientras se buscan acuerdos que eviten una fractura en el bloque oficialista.
El desacuerdo no solo gira en torno a aspectos operativos, sino también a la profundidad de los cambios planteados. Mientras el gobierno federal insiste en que la reducción de privilegios es un principio central de la llamada Cuarta Transformación, la postura del PT ha sido interpretada como una resistencia a modificar esquemas que implican recursos y posiciones dentro del sistema político.
