Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó el llamado Plan B como un intento por ajustar el sistema electoral a los principios de austeridad, en medio de un contexto político donde el uso de recursos y los privilegios institucionales han sido cuestionados de manera constante.
La iniciativa contempla modificaciones a leyes secundarias en materia electoral y de partidos políticos, con cambios que impactan directamente en la estructura y operación de los órganos legislativos y autoridades electorales. Entre las propuestas destaca la reducción del gasto en congresos locales, con un tope de 0.70 del presupuesto estatal, así como ajustes en el Senado. También se plantea limitar el número de regidores en los ayuntamientos, con un máximo de 15 por Cabildo, y establecer que ningún funcionario electoral o dirigente partidista pueda percibir un salario superior al de la Presidenta.
“Ese es en esencia el plan B. Nosotros vamos a seguir insistiendo en que el INE debe bajar su presupuesto y que no se debe destinar tantos recursos a los partidos”, sostuvo Sheinbaum, al recordar que estos planteamientos no fueron avalados previamente por la oposición y algunos legisladores aliados.
En el mismo sentido, la mandataria subrayó que en la ley “estamos poniendo que se transparenten todos los recursos que reciben los partidos, para que ninguno de sus presidentes, secretario general, servidor público pueda ganar más que la Presidenta o se otorgue también bonos, seguros de gastos médicos, etcétera”. Añadió que deberá existir fiscalización estricta y que, “en el caso de que el INE lo solicite, incluso de la Unidad de Inteligencia Financiera, para poder revisar el origen de los recursos y que no haya desvío de recursos públicos de alguna entidad o algún recurso ilícito”.
El plan también propone ajustar los tiempos de la revocación de mandato, para que pueda realizarse el primer domingo de junio del tercer año de gobierno, así como modificar el cómputo electoral para que inicie con la llegada del primer paquete. Sobre los ayuntamientos, la Presidenta explicó que “no importa el tamaño de la población en algunos lugares, es un exceso”, al referirse a la existencia de hasta 25 regidores en algunos municipios.
En cuanto a la elección del Poder Judicial, Sheinbaum confirmó que “tomé la decisión de que siga siendo en el 27”, con ajustes para reducir el número de candidatos en boletas y fortalecer la revisión de perfiles.
Por su parte, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, señaló que la iniciativa mantiene “el objetivo de reducir costos y actuar bajo uno de los principios fundamentales para la cuarta transformación, que es la austeridad republicana”. Añadió que “se trata de tener menos privilegios y más participación ciudadana. Los sueldos de los altos funcionarios electorales deben ser dignos, pero no excesivos. Nadie podrá ganar más de lo que gana nuestra Presidenta. No puede ser gobierno rico con pueblo pobre”.
La propuesta será enviada al Senado para su análisis
