El adeudo histórico del Partido Acción Nacional con el Municipio de Juárez volvió al centro del debate público, luego de que el alcalde Cruz Pérez Cuéllar advirtiera que el blanquiazul se ha negado durante años a regularizar el pago del impuesto predial por varios de sus inmuebles, una deuda que hoy roza los 10 millones de pesos.
Durante su conferencia semanal, el presidente municipal informó que el PAN mantiene un rezago acumulado de 9 millones 529 mil pesos correspondiente a tres propiedades ubicadas en la zona centro de la ciudad, entre ellas su edificio principal sobre la avenida 16 de Septiembre, un inmueble contiguo y un estacionamiento localizado frente a dichas oficinas. El adeudo, precisó, se arrastra desde 2005.
Pérez Cuéllar señaló que, pese a contar con recursos públicos suficientes, el partido no ha mostrado disposición para ponerse al corriente. Recordó que tan solo el año pasado el PAN recibió alrededor de 54 millones de pesos en prerrogativas otorgadas por el Instituto Nacional Electoral, lo que, a su juicio, hace injustificable el incumplimiento fiscal.
El alcalde subrayó que el pago del Predial es una obligación que miles de familias juarenses cumplen puntualmente cada año. En ese sentido, destacó que en 2024 más de 376 mil contribuyentes realizaron el pago de este impuesto, por lo que consideró inaceptable que una fuerza política ignore una responsabilidad básica con la ciudad.
El último pago registrado del PAN por los tres inmuebles fue el 14 de mayo de 2012.
Durante la conferencia se destacó que en 2025 fueron pagadas 376 mil 044 cuentas de predial, reflejo del compromiso ciudadano con el desarrollo de la ciudad, por lo que resulta incongruente que una institución política mantenga adeudos millonarios, aun cuando el año pasado recibió más de 54 millones de pesos de prerrogativas públicas.
Ante esta situación, anunció que el Municipio notificará de inmediato al partido para que liquide el adeudo. En caso de no obtener respuesta, adelantó que propondrá al Cabildo la realización de un plebiscito para consultar a la ciudadanía si está de acuerdo en que se proceda legalmente contra las propiedades del PAN, incluyendo la posibilidad de embargo o remate.
El tema, dijo, no se trata de una confrontación política, sino de aplicar la ley con el mismo criterio para todos y defender los recursos que pertenecen a la ciudad.
