La política errática del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a sacudir a México este sábado, tras anunciar unilateralmente un nuevo arancel del 30% sobre todos los productos mexicanos, a partir del 1 de agosto. Esta medida, que ignora los compromisos del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), fue justificada por Trump con argumentos que mezclan preocupaciones sobre el tráfico de drogas y un supuesto “déficit comercial insostenible” con México.
A través de su red Truth Social, el presidente estadounidense difundió una carta dirigida a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, donde, tras reconocer avances en materia fronteriza, acusó a nuestro país de no hacer lo suficiente para detener a los cárteles del narcotráfico. “México aún no ha detenido a los cárteles que intentan convertir toda América del Norte en un parque de tráfico de narcóticos”, escribió Trump, antes de anunciar las tarifas.
La decisión afectará de inmediato al sector exportador mexicano. Productos clave como automóviles, autopartes, acero y aluminio—que ya enfrentan impuestos adicionales—se verán aún más golpeados por esta tarifa general del 30%, a pesar de estar protegidos bajo el marco legal del T-MEC.
Además, Trump advirtió que si México responde con aranceles recíprocos, Estados Unidos elevará aún más los impuestos: otro 30% adicional, configurando así una amenaza directa a la estabilidad económica y comercial entre ambos países.
No es la primera vez que Trump emplea medidas unilaterales contra México. En el pasado, ya utilizó los aranceles como forma de presión para forzar acciones migratorias. Esta vez, el trasfondo es distinto, pero el método es el mismo: imponer condiciones sin considerar el diálogo diplomático ni las negociaciones en curso.
El anuncio llega justo cuando una delegación del gobierno mexicano se encontraba en Estados Unidos para tratar temas comerciales sensibles, entre ellos el intento previo de gravar el cobre. También ocurre apenas semanas después de conversaciones entre ambos mandatarios que buscaban precisamente destrabar tensiones bilaterales.
Más allá del impacto económico, la medida representa una grave violación al espíritu del T-MEC, cuyo principio rector es la certidumbre comercial. Al aplicar un arancel generalizado sin seguir los mecanismos establecidos por el tratado, Trump pone en entredicho el valor de los acuerdos internacionales y debilita la confianza en la estabilidad jurídica de Norteamérica.
El argumento del déficit comercial como “amenaza a la seguridad nacional” carece de fundamento sólido. En mayo, México fue el principal socio comercial de Estados Unidos y sus exportaciones alcanzaron cifras históricas. Castigar ese dinamismo con nuevos aranceles no solo es ilógico, sino contraproducente.
La carta de Trump afirma que si México logra “detener el flujo de fentanilo”, se reconsiderarán los aranceles. Pero esa condicionalidad configura una política comercial atada a resultados policiales que, además de ser ajenos al ámbito económico, no se resuelven en el corto plazo.
Trump insiste en que no se aplicarán aranceles a empresas que trasladen su producción a Estados Unidos, lo que puede interpretarse como una forma de coacción para deslocalizar empleos e inversiones de México hacia su país. Más que una estrategia de seguridad o comercio, la medida se parece a una política de presión forzada, sin coordinación institucional ni visión regional.
