El Cuarto Informe de la gobernadora María Eugenia Campos en Ciudad Juárez fue un acto cuidadosamente diseñado para el aplauso y la proyección política. Se presentó como un balance de gobierno dentro de una escenografía orientada a fortalecer su imagen y administrar percepciones públicas.
Al recurrir a la evocación sentimental de su esposo fallecido y envolver el mensaje en la consigna de una tierra que “no se entrega”, el tono dejó claro que el discurso se centró en construir una narrativa que relegó a segundo plano la exposición puntual de resultados y pendientes.
La mandataria habló de dignidad, de libertad, de carácter. Citó a Samuel Ramos (a quien seguramente no ha leído a fondo) para negar cualquier complejo de inferioridad y aseguró que Chihuahua nunca ha sido victimista. Pero el problema no es el orgullo regional, sino la distancia entre el discurso y los hechos. Cuando se gobierna uno de los estados más golpeados por la violencia, la desigualdad y la precariedad laboral, el triunfalismo resulta ofensivo.
Campos presentó a Juárez como la frontera número uno, casi como si estuviera entonando la canción de Juan Gabriel. La narrativa fue seductora, habló del primer parque industrial del país, del motor de la economía estatal y del carácter forjado en el desierto. Sin embargo, en los hechos, Juárez nunca ha sido la número uno para el Gobierno del Estado. Así lo ha demostrado Campos. Ha sido, más bien, la ciudad que aporta más y recibe menos, la que produce riqueza mientras arrastra rezagos históricos en transporte, salud, infraestructura básica y seguridad.
Anunció pasos a desnivel, remodelaciones, un Centro de Convenciones largamente prometido, inversión en San Jerónimo y la preparación para una futura línea 4 del BRT que ni siquiera construirá su administración. Obras viales como sinónimo de progreso, cemento como política pública. Pero la verdad es que Juárez necesita mucho más que glorietas elevadas y embellecimientos cosméticos o una Torre Centinela que Juárez no requiere, y en la que se gastaron más de 4 mil 700 millones de pesos. Necesita inversión sostenida en servicios públicos, en movilidad integral, en vivienda digna, en prevención social del delito.
El discurso estuvo plagado de una retórica que divide: “sabemos reconocer al lobo con piel de cordero”, “no nos rendimos”, “que se aguanten”. Esa narrativa de resistencia frente a un enemigo abstracto funciona en campaña, no en un informe de gobierno. Gobernar no es resistir a un adversario imaginario, es resolver problemas concretos.
A los juarenses debería preocuparnos, no que se hable de esperanza, sino que se utilice como sustituto de la justicia social estructural. Se presume una reducción del 18 por ciento en homicidios y un aumento en la confianza institucional, pero no se profundiza en las causas de la violencia ni en la precarización laboral que afecta a miles de trabajadores de la industria maquiladora en Juárez. Se habla de 5 mil millones en infraestructura (que ni se notan, ni se notarán), pero no se cuestiona el modelo de desarrollo dependiente de la exportación y la atracción de capital externo con bajos salarios.
Los programas como MediChihuahua o NutriChihuahua se presentan como política humanista, pero en el fondo siguen siendo esquemas asistenciales que no transforman la raíz de la desigualdad.
Cuando la gobernadora afirma que Chihuahua gobierna sin rencor, ni contra España ni contra Estados Unidos ni contra los neoliberales, parece más preocupada por deslindarse de un debate ideológico que por asumir la responsabilidad histórica de un modelo económico que ha concentrado la riqueza y dejado a regiones como Juárez expuestas a ciclos de violencia y abandono.
El informe fue triunfalista porque convirtió promesas en logros anticipados. Fue irreal porque pintó a Juárez como una ciudad plenamente reconocida y priorizada, cuando la percepción cotidiana de sus habitantes es otra. Y fue politiquería barata porque apeló más a la emoción y a la confrontación simbólica que a la autocrítica.
Ciudad Juárez no necesita que le digan que es la número uno. Necesita que la traten como prioridad real en presupuesto, planeación y justicia social. Lo demás es retórica que suena fuerte desde la tribuna, pero se diluye en las calles donde la esperanza no se decreta, se construye con hechos.
