Mientras el tráfico de armas desde Estados Unidos continúa siendo un factor clave en la violencia criminal que azota a México, las cifras de decomisos en la frontera siguen siendo alarmantemente bajas. A pesar de un leve incremento reportado en los meses recientes por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), los esfuerzos siguen quedándose cortos frente a la magnitud del problema.
Según datos oficiales, en febrero de 2025 se registraron 75 eventos de incautación de armas en cruces fronterizos, lo que representa un aumento del 11.94% respecto a enero, cuando se contabilizaron 67. Sin embargo, este repunte no representa una mejora significativa si se toma en cuenta que las cifras permanecen en niveles similares a los observados a principios del año fiscal 2024, el cual comenzó en octubre de 2023. De hecho, las estadísticas actuales siguen siendo de las más bajas desde el año fiscal 2022.
Los números confirman que, más allá de los discursos políticos y las declaraciones diplomáticas, el “río de hierro” —como ha sido denominado por funcionarios mexicanos— continúa fluyendo sin mayores obstáculos. Cifras del gobierno de México estiman que entre 200 mil y 240 mil armas cruzan ilegalmente cada año desde territorio estadounidense, muchas de ellas destinadas a grupos criminales que operan en la mayoría de los estados del país.
Ante estas 249 mil armas que cruzan la frontera cada año, según las autoridades mexicanas, hace unos díasel gobierno estadounidense anunció el decomiso de más de 1 mil armas de alto poder que tenían como destino final territorio mexicano. La conferencia de prensa se realizó en el puerto fronterizo Mariposa, en Nogales, Arizona.
Funcionarios de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) advirtieron que el tráfico de armas desde EUsigue alimentando la violencia de los cárteles en México. El arsenal incautado —que incluye rifles de asalto y pistolas automáticas— estaba dirigido a organizaciones criminales activas en estados como Sonora, Chihuahua y Tamaulipas.
“Cada arma que interceptamos antes de cruzar representa una vida que potencialmente se salva del otro lado de la frontera”, señaló Guadalupe Ramírez, director de Operaciones de CBP en Tucson. El funcionario aseguró que se trabaja para desmantelar estas redes y enjuiciar a los responsables.
Este flujo de armamento ha sido esencial en el fortalecimiento del poder de fuego de los cárteles desde el inicio de la mal llamada “guerra contra el narcotráfico” en 2006, con un saldo de más de 486 mil personas asesinadas. Gran parte de estas armas, según la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), fueron manufacturadas o comercializadas originalmente en Estados Unidos.
En este contexto, la reciente declaración del expresidente Donald Trump, quien por primera vez asumió públicamente un compromiso para frenar el tráfico de armas hacia México, fue calificada como “histórica” por la presidenta Claudia Sheinbaum. Sin embargo, mientras los decomisos no reflejen un cambio estructural en el control fronterizo, la amenaza seguirá latente.
La mandataria reconoció el giro en la postura de Washington como un avance clave para contener uno de los factores más determinantes en la violencia criminal que aqueja al país.
“Por primera vez en mucho tiempo vemos un compromiso frontal por parte del gobierno de Estados Unidos. Es una declaración histórica. El tráfico de armas ha sido un tema constante en nuestras conversaciones con el presidente Trump”, aseguró Sheinbaum.
De acuerdo con cifras oficiales, en solo siete meses de gobierno, el actual Ejecutivo federal ha decomisado 12 mil 111 armas de fuego, con un promedio mensual de mil 730, lo que representa más del doble del promedio alcanzado durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, cuando se aseguraban alrededor de 745 armas al mes. En total, durante el mandato de López Obrador se incautaron 54 mil 939 armas, mientras que en los seis años y medio recientes el acumulado nacional asciende a 67 mil 050.
Esta cantidad de armas decomisadas refleja que el acero criminal continúa cruzando la frontera en las mismas cantidades que lo ha hecho siempre.
Del total asegurado por la administración de Sheinbaum, 9 mil 601 armas fueron decomisadas en operativos y enfrentamientos con grupos criminales, y otras 2 mil 510 fueron recuperadas gracias al programa “Sí al Desarme, Sí a la Paz”, implementado en enero pasado. Las cifras provienen de reportes elaborados por la Secretaría de Gobernación, la Defensa Nacional, la Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República.
Pese a los avances, el problema sigue teniendo una dimensión estructural. Estudios del Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz (SIPRI) y del Instituto Universitario de Altos Estudios Internacionales de Suiza estiman que al menos 15 millones de armas ilegales circulan en México, la mayoría provenientes de Estados Unidos.
Datos de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) revelan que entre 200 mil y 240 mil armas ingresan ilegalmente cada año desde territorio estadounidense. La misma agencia reporta que el 74% de las armas empleadas en crímenes cometidos en México fueron manufacturadas o vendidas originalmente en Estados Unidos.
El consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Pablo Arrocha Olabuenaga, lo definió como “un río de hierro que bombea hasta medio millón de armas, o más, cada año a México”, durante su intervención ante la Corte Suprema de Estados Unidos el pasado 4 de marzo.
Desde la guerra de Calderón…
Este tráfico ha sido un factor clave en la crisis de violencia armada que ha cobrado 486 mil 087 vidas en México desde diciembre de 2006, cuando el entonces presidente Felipe Calderón declaró la “guerra” contra el narcotráfico. Desde entonces, los cárteles han fortalecido su capacidad de fuego con armamento proveniente del norte, en muchos casos equivalente o superior al de las fuerzas de seguridad.
Para Sheinbaum, detener este flujo es una prioridad bilateral que, por primera vez, encuentra un eco público desde la Casa Blanca. “El combate al tráfico de armas no es solo una exigencia mexicana; es una obligación compartida. Esta coordinación es una señal positiva para toda la región”, concluyó.
